Han pasado más de diez años desde la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, y desde entonces, no se sabe nada del destino de los estudiantes ni una investigación concluyente contra los perpetradores de estas desapariciones. Debido a la enorme presión política generada por la indignación social que este episodio causó, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se apresuró a presentar una versión de los hechos conocida como la “verdad histórica”, según la calificó el entonces procurador Jesús Murillo Karam.Sería lamentable e indignante que ahora el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretenda presentar una nueva “verdad histórica” para encarar el desafío que representan los hallazgos encontrados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.Al menos hacia allá apunta la versión que presentó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el 29 de abril sostuvo que el rancho Izaguirre sí fue un centro de entrenamiento del Cártel Nueva Generación (CNG), pero se empeñó en descartar que se tratara de un centro de exterminio o incluso de que se hubieran encontrado restos humanos en ese sitio. “¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Lugares, zanjas y algunos agujeros donde se hacían fogatas”, y agregó que para reafirmar esa postura se solicitaron peritajes a expertos de la UNAM quienes registraron temperaturas de 200 grados centígrados, por debajo de los 800 grados requeridos para una cremación, sostuvo el fiscal.El empeño en negar que en el rancho de Teuchitlán contradice la postura, las imágenes y evidencias que recolectó en su momento el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Por eso, tras las declaraciones del fiscal, el colectivo emitió un comunicado donde cuestionan y refutan la versión de Gertz Manero.“Hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo. Hoy, el fiscal general quiere matar la verdad. No permitamos que eso suceda”, señalaron en un comunicado público y añadieron: “Quiero informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal”.Además, la versión del fiscal federal contradice las versiones de la propia Fiscalía General de Jalisco, quien en un comunicado del 13 de marzo reveló que los peritos de la dependencia trabajaban para “determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones, garantizando que cada hallazgo sea tratado con el debido rigor científico y respeto a las víctimas y sus familias”. Incluso el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, declaró al informar sobre la detención del Lastra como responsable del reclutamiento por parte del CNG, que en rancho Izaguirre sí hubo asesinatos.Y sobre la negación de que en el rancho hubiera cremaciones, el diario El País publicó detalles de un estudio de la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, que identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019 (El País, 29 abril 2025).El empeño por parte del fiscal para admitir que en el rancho Izaguirre fuera centro de exterminio o incluso que hubiera cremaciones no puede verse sino como un nuevo intento de crear una nueva “verdad histórica” para tratar de minimizar lo encontrado en Teuchitlán y para tratar de atenuar la presión social y política exigida por la sociedad mexicana.Pero empeñarse en negar que hubiera cremaciones en el rancho Izaguirre es tratar de ocultar la magnitud de la crisis humanitaria y la crisis por desapariciones y forense que existe en México. La versión del fiscal presentada el pasado 29 de abril va en sentido contrario a las primeras declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum al sostener que en este caso se pondría en primer lugar a las víctimas. Ojalá el Gobierno de la Presidenta rectifique, cumpla su compromiso con las víctimas y convierta la tragedia revelada en el rancho Izaguirre como una oportunidad para que el Estado (Gobierno federal y locales) encaren de una vez por todas la crisis por desapariciones como una emergencia nacional, tal como lo es.
