Más allá de los discursos que se dijeron en público el martes durante la inauguración de la Segunda Reunión de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal de la Zona Occidente del País, que reunió en Palacio de Gobierno a la plana mayor del gabinete de seguridad federal, -que encabeza Alfonso Durazo-, y a sus homólogos de las entidades de esta región, ojalá en lo privado hayan discutido y platicado de los urgentes cambios y ajustes que deben hacer en sus estrategias policiales y sus métodos de coordinación.En la agenda oficial los temas a tratar fueron el registro nacional de detenciones que está a punto de entrar en vigor, simplificar trámites para la compra de armamento para las corporaciones policiales y las extorsiones telefónicas.Desde luego no son temas menores, pero falta mucho más que eso para que el gobierno federal, el de Jalisco, y del resto de las entidades del Occidente, cumplan con su obligación constitucional de garantizar la seguridad a los ciudadanos y someter a los grupos delincuenciales que parecen tenerles tomada la medida.Desde luego, el Secretario de Seguridad federal y los mandos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y de la nueva Guardia Nacional no llegaron en su mejor momento para exigir más eficacia a los equipos de seguridad y policiales de los estados tras el culiacanazo (que por cierto, marcó ayer la conmemoración del 109 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con los discursos de lealtad de los titulares castrenses al Presidente, tratando de borrar así las inconformidades que hay en sectores militares por el desgaste y críticas que les ha significado el operativo fallido del 17 de octubre que los dobló el cártel de Sinaloa).Y es que el Caso Ovidio Guzmán ha profundizado la crisis de inseguridad y de violencia en el País, con casos como el de la masacre de mujeres y menores de la familia LeBarón en Sonora, que muestran lo envalentonadas que están las mafias, y que han provocado sentimientos de indefensión al interior del País, y despertado tentaciones de intervención militar del vecino Estados Unidos.En lo que toca a Jalisco, se agradece que ayer el gobernador Enrique Alfaro haya tenido la iniciativa de precisar los temas abordados con el Secretario de Seguridad federal, del que destacó la exigencia de apoyos económicos para la recién creada Policía Metropolitana, ante el recorte presupuestal de 3 mil 500 millones de pesos en el paquete económico federal del 2020.Pero como lo dijo el propio Alfaro, la seguridad no sólo se trata de pesos y centavos, y es claro que aunque se asegure que han disminuido un 30 por ciento los delitos patrimoniales, hay una clara impotencia del gabinete de seguridad estatal para detener los homicidios y enfrentar las nuevas expresiones de violencia como son las casas del terror donde se priva de la libertad, se tortura, se descuartiza y se hacen fosas clandestinas de las que se han exhumado, hasta ahora, más de una centena de cadáveres.Es claro pues que, en el primer año de los autollamados gobiernos de la 4T y de la Refundación, su deuda número uno sigue siendo resolver la grave crisis de inseguridad que padecemos.jbarrera4r@gmail.com
