El episodio del Rancho Izaguirre, que la semana pasada cumplió un año de su localización y que en marzo pasado hizo crisis por estar ligado al tema de las desapariciones y el reclutamiento criminal forzado, así como la narcoguerra en la Región Altos Norte de Jalisco, particularmente en los municipios de Teocaltiche y Encarnación de Díaz, ha sido sin duda uno de los temas de la agenda de seguridad que han marcado el gobierno de Pablo Lemus hasta ahora, que corre el mes 10 de su administración.Pero, ¿cómo arranca en el tema de percepción de seguridad y de la incidencia delictiva en Jalisco este nuevo sexenio que el 6 de diciembre próximo cumple su primer año?A juzgar por los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Lemus recibe un mal legado en esta materia de parte de su antecesor Enrique Alfaro.Aunque a nivel nacional se elevó de 2023 a 2024 el índice de victimización, al pasar de 23 mil 323 a 24 mil 135 por cada 100 mil habitantes, en Jalisco bajó ligeramente; la cifra quedó por arriba de la media nacional. Mientras que en 2023 quienes fueron víctimas de un delito fueron 24 mil 793, en 2024 se redujo a 24 mil 179 por cada 100 mil habitantes, cifra que quedó por arriba del promedio de todas las entidades, que se ubicó en 24 mil 135.Jalisco se colocó así en el grupo de 10 estados de la República Mexicana por arriba de la media de victimización delincuencial, donde los tres con más incidencia son el Estado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala, mientras que, sorpresivamente, aparecen con la menor incidencia estados que han pasado por severas crisis de seguridad, como Chiapas, Tamaulipas y Michoacán.En cuanto a la percepción de inseguridad, que ya se midió en este 2025, Jalisco aparece también por arriba de la media nacional, que es de 75.6 por ciento de la población mexicana, mientras que en el estado, los habitantes que dijeron sentirse inseguros llegaron al 77.4 por ciento.Este, pues, es el punto de partida del gobierno de Lemus. Para salir del Top 10 de las entidades con mayor percepción de inseguridad y con índices de victimización por arriba de la media nacional, tendrá que seguir trabajando en limpiar y ordenar la Fiscalía Estatal, que recibió como la más colapsada del país, de manos de su extitular Luis Joaquín Méndez Ruiz.Además de las 13 omisiones que apenas en marzo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, achacó a la actuación en septiembre de 2024 de la Fiscalía estatal de Méndez Ruiz en el Rancho Izaguirre, el también Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024 del INEGI documenta el grado de descomposición de la Fiscalía que recibió Lemus.En 2023, la Fiscalía estatal cerró con más de medio millón (526 mil 685) de carpetas de investigación abiertas tan solo en materia penal, lo que representa casi el 20 por ciento del rezago nacional de 2 millones 645 mil 284 investigaciones, si se suman los expedientes de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).Ahí está el inicio de la solución.jbarrera4r@gmail.com
