Las finanzas públicas han cambiado sustancialmente desde que se estableció como eje de las mismas una menor participación del Estado en la actividad económica, hasta llegar a representar, en la actualidad, el gasto público alrededor del 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); detrás de este resultado está el saneamiento de las finanzas públicas, a través de una serie de directrices que han moldeado el mismo: la venta de los activos públicos, la reducción del déficit fiscal, la estabilización de la economía, la profundización del cambio estructural, la disciplina presupuestaria, y los recortes de recursos y subsidios públicos y la ampliación de la base gravable, con bajas tasas impositivas marginales para los de estratos de ingreso alto, todo ello con el fin de alcanzar una posición de equilibrio fiscal como estrategia en la instrumentación de una política económica de corte neoliberal.Esta visión profundamente conservadora del ejercicio en el presupuesto público, ha demostrado su limitada capacidad para que la economía tenga ritmos sostenidos de crecimiento económico y ha profundizado las desigualdades sociales. Tampoco ha creado las condiciones institucionales que permitan un funcionamiento eficiente, transparente e innovador tanto en la actividad gubernamental como en el desempeño de los diversos actores políticos en el ejercicio y uso de los recursos públicos.La siempre necesaria e indispensable reforma fiscal vuelve a estar, como cada seis años, en la agenda pública. Las propuestas van en el sentido de hacer más equitativa la carga fiscal en la sociedad a través de la progresividad de los impuestos directos, gravámenes a las transacciones financieras, la creación de un gravamen progresivo al consumo, medidas que en el corto plazo permitirán contar con recursos para solventar las necesidades apremiantes del gasto social, los ajustes en el gasto corriente apenas serán marginales. Una sociedad requiere crecer y en la medida de ello se contarán con mayores recursos fiscales no castigando una parte del consumo del sector público. Sí moderar el gasto injustificado más no afectar severamente el gasto en consumo, que también es un factor de impulso, por el lado de la demanda agregada, del crecimiento económico.Con la reciente aprobación de la Ley de ingresos, se observa una situación que tenderá a agudizarse, porque las fuentes de los gastos se están concentrando en cuatro vertientes de ingresos, el primero son los que se obtienen vía impuestos que en términos comparativos con respecto al PIB representarán el 13 por ciento para 2018, le siguen los ingresos provenientes de la operación de las Empresas Productivas del Estado, básicamente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que representarán también para 2018 el 3.9 por ciento del PIB, y en el tercer nivel de ingreso en importancia se encuentran los ingresos derivados por financiamiento, es decir contratación de deuda pública, para 2018, de 2.2 por ciento del total de ingresos esperados para este año.El margen de maniobra del gobierno mexicano se complica por la posición del gobierno americano, aunado a esto, la situación se torna delicada por los crecientes niveles de endeudamiento, que junto con las expectativas desfavorables de crecimiento de la economía, se afectará a los grupos sociales más vulnerables, porque, como sabemos, los ajustes al gasto se harán precisamente en las áreas más sensibles del presupuesto público y lo anterior se complica por el aumento de la deuda pública lo que cada vez más compromete los ingresos de las futuras generaciones y las posibilidades de crecer en el largo plazo.
