Miércoles, 29 de Mayo 2024

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Reforma Judicial y la Sociedad Civil

Por: Julio Madrazo

Reforma Judicial y la Sociedad Civil

Reforma Judicial y la Sociedad Civil

La crisis de inseguridad e injusticia en México se agudiza, y la herida está abierta como nunca antes en relación a los feminicidios.  La recompensa de dos millones de pesos por los asesinos de la niña Fátima es un acto minúsculo ante la impunidad absoluta en relación a estos crímines.

La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió su reporte sobre justicia en el mundo. México cayó al lugar 99 en la escala. En el componente de justicia criminal somos el país 115 de 126; ocupamos el lugar 117 en corrupción y también en seguridad y orden.

El reporte es un crudo reflejo del colapso absoluto de nuestro sistema de seguridad y justicia. De ahí la importancia de los esfuerzos que la actual Administración impulsa en este sentido. Pero el Gobierno, y en particular la Fiscalía, el Senado y la Suprema Corte de Justicia, deben reconocer que NO pueden solos y que existe un enorme cúmulo de experiencia y conocimiento en la sociedad civil en México.

Durante 2018 y 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Justicia (Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas), congregó a estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado a fin de acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Paz, la Justicia y la Inclusión. El reporte es muy claro y aboga por: situar la justicia en el centro del desarrollo sostenible, colocar a las personas en el centro de los sistemas de justicia, así como pasar de un sistema de justicia para pocos a un sistema de justicia para todos.

Hace décadas que esa ha sido la agenda de un grupo amplio y plural de activistas y académicos, promoviendo un sistema judicial que les permita alcanzar su única misión: defender la justicia y los derechos de víctimas y sus familiares. Algunas de ellas son parte del colectivo #FiscalíaQueSirva, como Fundar, Serapaz, el IMDHD, Causa en Común, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otras. Cualquier esfuerzo de reforma por parte del Gobierno, la Corte y el Legislativo debe incorporar a éstas y otras organizaciones en la tarea de transformar nuestras instituciones de justicia.

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