Una de las principales demandas ciudadanas tiene que ver con los altos niveles de impunidad en México. Esto está directamente relacionado con las insuficientes acciones y omisiones que cometen la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales al investigar los delitos, esclarecer los hechos, encaminar los procesos judiciales y procurar la reparación de los daños. Nuestro país, ha mantenido durante esta década niveles de impunidad de más del 90% y, en realidad, alcanzando una falta de justicia casi absoluta. El Colectivo Contra la Impudemia en México ha denunciado que, por ejemplo, en el caso del delito de tortura, de 13 mil 560 investigaciones penales iniciadas entre 2006 y 2019, sólo fueron consignadas el 0.22%, dictándose 27 sentencias por tortura a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias y 9 absolutorias. Lamentablemente, esta situación hace que la ciudadanía deje de confiar en estas instituciones e incluso deje de denunciar los delitos, ¿para qué denunciar si lo más probable es que nuestro caso se convierta en un archivo más que no alcanzará la justicia? Por ello, la cifra negra de delitos no denunciados durante 2019 fue del 92.4%. ¿Sirvió de algo el cambio de PGR a FGR? la respuesta clara respecto al desempeño de la FGR y su titular es un rotundo NO. ¿Por qué? entre otras razones, porque no ha logrado una verdadera autonomía, no es eficaz y no ha logrado ser independiente del poder político. La designación del Fiscal General estuvo llena de cuestionamientos y, sus actuaciones durante su gestión han mostrado que sus decisiones no son ajenas a los deseos del Presidente y sus aliados políticos. Por otro lado, la participación ciudadana, la participación de las víctimas como actores centrales en la investigación y la rendición de cuentas, han estado ausentes. Por estas y otras razones que no cabrían en esta breve columna, decidí suscribir la propuesta de reforma constitucional presentada por el Senador Emilio Álvarez Icaza y que, lo más importante, tiene el apoyo de diversas organizaciones sociales como es el Colectivo Contra la Impudemia en México, Justicia Transicional en México y colectivos de familiares de víctimas de desaparición. Dentro de los cambios que busca la reforma, se encuentran la reducción del periodo del Fiscal General, pasando de 9 a 6 años; establecer un proceso adecuado de designación para nombrar a las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR y de la propia comisión que coadyuva en la designación; aumenta los requisitos relacionados con la experiencia que debe tener el Fiscal General, para que no sea designado solamente por su cercanía con los poderes políticos en turno; y, algo que considero muy importante, que el Fiscal General sea ajeno a partidos políticos durante al menos los 4 años previos a su designación, además de que, al momento del término de su gestión, no pueda ser elegido para cargos de elección popular en los dos años siguientes, lo que reduciría el pago de favores. Para lograr una Fiscalía General verdaderamente autónoma, es necesario llevar a cabo estas modificaciones que parten de las necesidades y opiniones de las organizaciones expertas y de los colectivos de víctimas.
