Martes, 27 de Septiembre 2022

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Por el momento, no

Por: Allá en la Fuente .

Por el momento, no

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El rector Ricardo Villanueva por fin habló y aclaró el motivo de la reunión de la semana pasada con el dirigente de Morena, Mario Delgado. Sin embargo, aseguró que no fue para hablar sobre una alianza entre Morena y Hagamos para el 2024. En pocas palabras, acentuó que no se abordó la posibilidad de que sea el representante de los dos partidos en la búsqueda de Casa Jalisco o el Ayuntamiento tapatío. ¿Le creen?

La declaración del rector de la UdeG coincidió con la publicación de otra encuesta, en donde se presenta como candidato a la gubernatura, pero en una alianza con el PAN y el PRI. Y al respecto, Villanueva fue contundente: que no se descarte con Morena, pero definitivamente jamás encabezaría una alianza con el PAN y el PRI. ¡Qué tal!


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Luego de ser señalada como la favorita de Morena y Movimiento Ciudadano para llegar a la presidencia del Instituto de Transparencia, la aspirante Aislinn Lizeth Ramos Rubio decidió no continuar en el proceso, a pesar de ser una de las 11 candidatas que pasaron la evaluación en la segunda convocatoria. La candidata afirmó que fue víctima de violencia política, por haber sido señalada como la “cuota” de los partidos políticos mayoritarios. 

Este retiro abrió la puerta a otros perfiles, entre los que figuran Claudia Carolina Olivares, que es la mejor evaluada y viene de la coordinación institucional del Sistema Anticorrupción. Otras voces impulsan a María Guadalupe Plascencia Vázquez, cercana al emecista Augusto Valencia. 

El proceso del Itei avanza con señalamientos en contra, mientras algunos afirman que la segunda convocatoria ya la chupó la bruja y no descartan que todo vuelva a iniciar.


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Donde parece que también se complican las cosas es en el proceso para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Seis aspirantes advierten por presuntas irregularidades y la simulación en el procedimiento, en lo que sería el primer paso a la judicialización de la convocatoria. 

En el Congreso de Jalisco hay quien atribuye estos señalamientos a la disputa entre el Gobierno estatal y el grupo político de la Universidad de Guadalajara, pues los seis perfiles que descalifican el proceso tienen vínculos universitarios y, al menos tres, han pasado por la Defensoría de los Derechos Universitarios.

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