En nuestra sociedad, una mujer que aborta se califica de muchas maneras: les dicen asesinas, egoístas, inconscientes que vivirán llenas de arrepentimiento y que, en muchas ocasiones, serán merecedoras del desprecio público. Pero la verdad es que nos desgastamos haciendo juicios en lugar de entenderlo desde un punto de vista más crítico. Una mujer que aborta es alguien que toma una decisión muy difícil a partir de un conjunto de circunstancias específicas, como puede ser su deseo de realización personal, la falta de condiciones económicas para tener un hijo, o, la peor de todas, haber sido víctima de un abuso. La Cámara de Diputados dejó de lado el dictamen que regularía el acceso a pastillas del día siguiente e incluso al aborto en caso de violación. Esto como parte de una reforma necesaria a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En nuestro país, el aborto es un tema tan polémico que los políticos prefieren evitarlo para no meterse en problemas. Esta vez no fue la excepción. No se llegó a un acuerdo en este sentido por considerar que faltaba “un análisis más profundo” para tomar una postura. Sin embargo, hace unos días aprobaron la objeción de conciencia para el personal médico. Es decir, el derecho de los médicos a negarse a realizar un procedimiento de este tipo (a menos de que peligre la vida de la paciente). Lo grave es que se demuestra que existe un sistema que apoya la idea de que todos tienen la capacidad de decidir sobre la mujer, excepto la propia mujer. Más allá de un esfuerzo por sensibilizarse sobre el dolor físico y la presión psicológica que un aborto conlleva, se establecen políticas conservadoras que son todo excepto un apoyo. Son cercos, limitantes basadas en fobias personales y prejuicios que no consideran que las mujeres tienen también el derecho a ser libres.Está demostrado que prohibir el aborto no disminuye su práctica, pero sí pone en peligro la vida de las mujeres que requieren un procedimiento de este tipo. Mientras no se regule, optarán por opciones que podrían costarles incluso la vida. A final de cuentas las instituciones de salud no están para cuestionar las decisiones de los ciudadanos a partir de códigos morales. Es su deber informar, prevenir y atender a la población, en todo momento y sin importar la razón. De otra forma el ejercicio de la medicina podría estar sujeto a la valoración personal y no al objetivo de proteger al paciente.Reducir las alternativas para las mujeres no es la respuesta. Los esfuerzos deberían enfocarse a la tarea de la prevención; a la educación sexual oportuna y democrática; a frenar la violencia de género. Por eso esperemos que nuestros legisladores dejen de preocuparse por salvar conciencias y comiencen a pensar en calidad de vida y en el derecho que todo ser humano debe tener sobre su propio cuerpo.
