Esta columna busca ser un espacio en que le presente ideas sobre la economía mexicana, usando siempre datos oficiales, le comparto mi análisis de cómo veo los diferentes problemas que enfrenta el país en lo económico.Muchas veces lo económico va ligado a lo político. Lo político va marcando los límites a lo económico. Habrá escuchado muchas veces críticas “al modelo económico” o a la “política económica”, cuando en realidad es la esfera política la que ha definido hasta dónde se puede llegar con tal o cual plan económico.En esta ocasión, un elemento muy importante de cómo la política impacta en lo económico lo veo en la elección del Poder Judicial de este domingo 1 de junio. Una elección que surge de la idea de López Obrador de tener que renovar todos los integrantes del Poder Judicial en México por personas electas en las urnas.La idea es que los mexicanos votemos por quienes ocupen los cargos de ministros, jueves y magistrados del Poder Judicial y que eso, nos convierte en un país más democrático.Para mí, lo último que buscaba López Obrador era que México fuera más democrático. Más bien, la elección es la máscara perfecta para desmontar el último poder que había funcionado como tapón o contrapeso a su gobierno.Recordemos que fue el Poder Judicial —a través de la suspensión de actos del gobierno de López Obrador—, el que, en varias ocasiones, evitó que el presidente hiciera su voluntad fuera de la ley. Ya sabemos que el Poder Legislativo ha actuado siempre como un apéndice del presidente.La Cámara de Diputados, con mayoría de Morena —como cuando la mayoría la tuvo el PRI— no revisan, no auditan, no corrigen. Solo dan su aval a ojos cerrados. En tiempos del priato se les decía a los diputados “levantadedos”, porque su labor consistía en aprobar todo lo que les mandara el presidente.Ahora en tiempos del obradorato, es igualito. El presidente manda una iniciativa y el Congreso lo aprueba “sin tocarle ni una coma”. El único poder que quedaba para hacerle contrapeso al poder presidencial era precisamente el de la ley, interpretado por el Poder Judicial.Con la elección del domingo, López Obrador y Sheinbaum logran desmotar el último de los diques para ejercer el poder sin limitaciones. Ya liquidaron la transparencia y la rendición de cuentas, ahora solo les quedaba por someter a los jueces.Con muchos problemas, México había construido un modelo de gobierno mucho más parecido a la modernidad a la que económicamente aspiraba. Modernidad que exige transparencia en el ejercicio del dinero público, certeza jurídica en la que se respeta la ley y un ambiente que promueve la inversión y el crecimiento.Por eso se diseñaron instituciones que mediante su autonomía —es decir: que no dependan del presidente—, tomen decisiones basadas solamente en términos técnicos. No políticos. Con la desaparición de estos organismos autónomos, como el INAI, el IFETEL o la COFECO, toda decisión que emitan tendrá la sospecha de estar contaminada por factores políticos.Este cambio en las reglas lanza a México 40 años en el pasado, cuando efectivamente, todo se decidía en la casa presidencial de Los Pinos.Bueno, pues la Suprema Corte y el Poder Judicial eran el último reducto de contrapesos que habíamos construido y ahora, a partir de la elección del domingo, habrá desaparecido.La Corte será colonizada por magistrados afines a la 4T, cuya carrera jurídica dependerá del visto bueno de los jefes de la 4T. Lo que significa que sus decisiones NO serán independientes, sino que se basarán en lo que quiera la presidenta.Para fines prácticos, la Suprema Corte de Justicia habrá dejado de existir, para convertirse en otra versión más de los “levantadedos” que tenemos en el Congreso. Es por eso, que no iré a votar el domingo, porque no quiero ser parte de ese proceso de destrucción institucional impulsado por el obradorato.
