Desde el 2014 la UDLA de Puebla publica su índice global de impunidad, con lo que promueve un debate serio, técnico y con base en evidencia, sobre este grave cáncer de nuestra sociedad. El panorama que el índice nos revela es desolador. La impunidad no ha mejorado, por el contrario, la mayoría de las variables del índice se han deteriorado.En términos generales el país empeoró en la calificación global y estatal. A nivel nacional teníamos un indice en 2016 de 67.42 y en el 2018 de 69.84 puntos. Los Estados con los índices de impunidad más altos son Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.Vivimos en un país que tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). El homicidio no se castiga, el porcentaje de encarcelados por homicidio en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09 por ciento.La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel superior al 90 por ciento. Esto confirma que los mexicanos no tenemos ninguna confianza en las instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos. Y con todo y eso, con el 8 por ciento de los delitos que sí se denuncian, el sistema judicial está saturado. ¿Qué pasaría si la cifra negra fuera de 70 por ciento?Es decir, estructuralmente la aplicación de la Ley está colapsada: ni ministerios públicos, ni jueces, ni policías, ni un andamiaje capaz de dar respuesta a los delitos. De ahí la impunidad. Los delincuentes no serán sansionados. Ninguno, ni los de cuello blanco, funcionarios públicos, o del crimen organizado, pagarán por sus crímenes. ¿Qué incentivos tienen para dejar de delinquir?Ese país, en el que los contratos no se respetan, en el que la justicia no es eficaz, en que los crímenes nadie los castiga, no podrá crecer ni generar bienestar para la mayoría de los habitantes. La impunidad es el gran lastre del desarrollo social, económico y humano de México.
