Uno de los efectos de la reforma al Poder Judicial aprobada en el sexenio pasado fue trasladar la función de los jueces y magistrados al entorno político-electoral del país, lo que tendrá un impacto severo en nuestra vida republicana. Sabemos que el principio de la separación de poderes se fundamenta en evitar la concentración de poder y, con ello, que grupos sociales o políticos determinen o condicionen la vida del resto de la población. Así, un sistema de pesos y contrapesos efectivo impulsa la mutua vigilancia entre poderes para evitar excesos y favorece el ejercicio real de la libertad ciudadana y su acceso a la justicia. Evaluando este supuesto en el contexto actual mexicano, las mayorías legislativas en el Congreso dejan claro que el vínculo partidista entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es tan fuerte, que desdibuja las posibilidades de control y vigilancia de uno hacia el otro. Por otra parte, la reforma al Poder Judicial y el proceso de elección por voto popular de sus integrantes ha mostrado evidencia de que partidiza la integración judicial y de que hará de la popularidad un condicionante para su ejercicio, permanencia y legitimidad. En este escenario, las fronteras entre los poderes se desdibujan y los contrapesos se debilitan, de forma muy conveniente para el partido que gobierna si lo que busca es la concentración de poder y el control institucional, objetivos que serían propios de una regresión autoritaria. ¿Se puede considerar en alguna forma que la elección por voto popular de quienes integran el Poder Judicial democratizará su ejercicio? Se antoja poco probable, si no es que imposible. El sometimiento de la tarea judicial a la dinámica electoral que hemos atestiguado y la politización de los jueces, magistrados y ministros, amenaza con afectar el corazón mismo de nuestra democracia, ya que la contienda ha demostrado promover la dependencia política de las y los candidatos a los partidos o grupos de interés, a efecto de estar en condiciones de ganar. El riesgo no termina ahí. El sistema de tómbola del proceso de selección de candidaturas permitió que otros grupos con objetivos ilegales o perversos permearan las candidaturas, poniendo en riesgo la imparcialidad de las decisiones de quienes juzgarán y el acceso a la justicia de las y los mexicanos. Por todo ello, la elección del próximo 1 de junio no es una buena noticia para la democracia mexicana. La elección del domingo se espera sea prácticamente resultado de la movilización electoral del partido en el poder y no de una genuina participación ciudadana, aquí el por qué: Primero, el desconocimiento sobre la elección: el 50% de los encuestados por El Universal declararon que no sabían que habría una elección el primero de junio. Segundo, la cantidad de información que debe procesar cada votante para elegir alrededor de 50 candidatos en una elección en la que se juegan 881 cargos, sólo del orden federal. Tercero, las largas filas que se anticipan, considerando que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE calcularon que cada una de las votaciones rondará los 12 minutos, siempre que los electores tengan claro por quién van a votar. Cuarto, quienes acudan a las urnas se enfrentarán a las nuevas boletas que omiten la tradicional “casilla marcada” por números asignados a los candidatos. Votar o abstenerse es decisión de cada quién. Más allá del resultado electoral, es claro que la carrera judicial fue sustituida por un acto de liturgia política que tendrá innegablemente profundas repercusiones en la impartición de justicia y el ejercicio de la libertad en México.
