Ahora que estamos ante el mejor beisbol del año, las series de campeonato en las Ligas Mayores, y el no tanto, en la recién iniciada Liga del Pacífico con la promesa cumplida de regresar a los Algodoneros (como dijo Manuel Clouthier, el único apoyo del gobierno federal al campo en Sinaloa es a un campo de beisbol) valga una metáfora beisbolera: dejar correr la rola para que se vaya de hit es considerado un error y si posteriormente entra la carrera se registrará como “sucia”. Esta situación de campo define perfectamente lo que está haciendo el presidente en el caso de Jaime Bonilla en Baja California. En lugar de atajar el tema por evidentemente anticonstitucional y ponchar al político (que se quiere quedar cinco años cuando fue electo para dos) en la primera base, el presidente ha dejado correr intencionalmente la jugarreta política para que su amigo se embase para luego ver hasta dónde llega.La consulta popular del domingo no tuvo los mínimos requerimientos de certeza, equidad y secrecía del voto y participó menos de dos por ciento del padrón electoral (1.9 para ser exactos). Visto desde ahí y analizado desde los mínimos de una democracia es claramente una payasada y un acto de absoluta irresponsabilidad política. Pero eso es lo de menos, dejar correr la jugada le sirve al presidente para medir la capacidad de respuesta de la opinión pública, pero sobre todo medir la fortaleza de las instituciones democráticas como el INE, el Tribunal Electoral, el Senado de la República y sobre todo de la Suprema Corte.En Baja California se juega no solo el periodo de la gubernatura en ese estado fronterizo, sino la estabilidad democrática del país. Pase lo que pase en la Corte, el simple hecho de haberlo dejado llegar hasta donde ha llegado es un mensaje poco halagüeño. El tour de force que el presidente ha emprendido contra las instituciones no tiene que ver, como algunos piensan, con una posible reelección, sino con algo mucho más simple e inmediato que es el ejercicio del poder.La Ley Bonilla es la síntesis perfecta de la corrupción tolerada. Tras las denuncias de los moches a los diputados (la mayoría de ellos panistas) la Unidad de Inteligencia Financiera debería estar ya rastreando los depósitos, como lo hizo con el magistrado que votó contra Santa Lucía. Pero no, hay una tolerancia distinta que va más allá de la justicia y gracia para los cuates de Juárez y raya ya en la complicidad.(diego.petersen@informador.com.mx)
