La cantidad de crímenes cometidos cada día en México es alarmante. Suceden a toda hora y en todas partes y afectan a todas las capas sociales. Especialmente significativos son los crímenes que se cometen contra niños, jóvenes y personas indefensas, como también los sufridos por periodistas y actores políticos.Nunca como ahora los funcionarios y los candidatos a puestos de lección habían sido blanco de homicidios, lo que ha esparcido una ola de temor en las organizaciones sociales, los partidos políticos y las propias autoridades. Muchos de los homicidios son verdaderos desafíos o respuestas a fuerzas políticas de parte del crimen que impone sus decisiones en muchas regiones de nuestra geografía.Con estupor nos enteramos apenas ayer de los asesinatos del alcalde de Pacula, Hidalgo, y de un candidato en el Estado de México, como antes de muertes de funcionarios y candidatos en Guerrero, como las últimas muestras de una cadena creciente de este tipo de hechos. No es casual que antes de la despedida de la embajadora de Estados Unidos en México, la señora Jacobson se refiriera a los crímenes contra periodistas y que el presidente Trump dijera públicamente que considera que en México vive una crisis generalizada de delincuencia.Hay elementos para pensar que en el proceso electoral que vivimos las fuerzas de crimen han reforzado sus posiciones en muchas regiones para mantener sus privilegios, áreas de control e influencia política en muchas regiones del país. Por eso, sea cual sea el resultado de la elección, uno de los principales retos en el proceso de entrega recepción del poder ejecutivo será el mantenimiento del orden y la tranquilidad.Pero más allá de los meses de transición, el enorme reto es plantear un hasta aquí a un proceso creciente de deterioro de la seguridad pública. Los disparos han sido enfocados hacia todas las fuerzas políticas y contra la autoridad misma. No se trata de una cuestión electoral sino una afectación al funcionamiento del sistema constitucional.Por eso, quienes resulten electos en los procesos electorales tendrán la enorme responsabilidad de plantear un nuevo derrotero en la estrategia para fortalecer el imperio de la ley, como el derecho fundamental para garantizar la libertad mediante las instituciones. En muchas regiones las cosas han llegado demasiado lejos como para pensar en soluciones parciales o pactos efímeros. Por eso habrá que estar preparados para que una vez resuelto el proceso electoral, todos respaldemos las acciones dirigidas a fortalecer el estado de derecho.En el fondo del descontento contra los privilegios está el enojo contra los enormes despojos materiales, políticos y morales que los grupos de la delincuencia hacen cada día a los habitantes de este país. Ese es el más inaceptable de los privilegios: el de matar, secuestrar, amenazar y robar sin consecuencias. Quizá ese sea uno de los motores que impulsan el enorme deseo de cambio que se ha generado en una gran parte de la opinión pública.Quizá por eso, a pesar del crecimiento económico, la mayoría no quiere la continuidad de un deterioro social que parece no tener final. Después de la polarización electoral será indispensable la unidad en el tema de coyuntura más trascendente para México. Habrá que pensar siempre que después de la elección hay un país que es de todos y que todos debemos querer y cuidar.El siguiente paso de México pasa por afianzar el desarrollo económico con instituciones más sólidas y para eso necesitaremos de la confianza mutua producto del diálogo sincero que no debemos socavar mediante posiciones de odio irremediable en la narrativa electoral. Al final de cuentas estamos eligiendo a quienes deben en su gestión asegurar la paz, la seguridad, la equidad, la igualdad y el progreso. Esperemos que ninguna fuerza sucumba ante la tentación de ceder al desafío que representa el crimen; esa debe ser la exigencia ciudadana a todas las fuerzas y las propias autoridades.
