El crecimiento de la violencia criminal azota a México desde hace décadas con un proceso corrosivo de las instituciones que amenaza no solamente su correcto funcionamiento sino la existencia misma del principio de autoridad pública y por ende las bases de la legitimidad democrática. Desde hace años el estado mexicano ha intentado revertir sin éxito la degradación y ha recibido también llamados y asistencia externa en ese sentido. Vale la pena recordar que la desaparición de del profesor de Guerrero Rosendo Rádilla Pacheco en 1974, provocó la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México en el año 2009, precisamente considerando la violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Reformas legales de gran valor como la del artículo 1 de la Constitución se han sucedido para intentar mejorar el desempeño, pero los resultados son magros. También se han aplicado fórmulas de fuerza como los programas de seguridad respaldados por la llamada Iniciativa Mérida en coordinación con los Estados Unidos con resultados también muy relativos. La debilidad de las instituciones encargadas de asegurar la paz y la justicia mantienen su debilidad, no solamente por la escasez de recursos económicos y la falta de capacidad para atraer talento sino sobre todo por que son “extractivas” en el sentido de ser excluyentes dado que privilegian a grupos específicos de la sociedad sobre otros propiciando la concentración del poder en segmentos muy reducidos que actúan en su propio beneficio. Tal y como lo describieron Daron Acemoglu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y James Robinson, profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard, en su famoso libro publicado en 2012 Why Nations Fail y que provocó tantos comentarios en el Departamento de Estado en aquellos años en los que muchos se sintieron ofendidos. Ese sentido excluyente implica la tentación constante para los actores políticos de adueñarse de los mecanismos de aseguramiento de la paz y la justicia para influir o controlar sus funciones. Para revertir la tendencia de deterioro y la penetración de la criminalidad en ellas requiere del respaldo de los factores de poder con visión de largo plazo comprometidos con una visión por encima de las disputas políticas. La formación profesional de la policía, la mejora en la calidad de los servicios de justicia, el entrenamiento constante y la cultura del respeto a la ley, deben ir acompañados del compromiso para trasformar ese criterio excluyente que genera privilegios para grupos muy reducidos para transformarlos en la defensa del derecho como el único camino correcto. El estado mexicano se enfrenta a un desafío equivalente a una insurgencia de grupos, que si bien no disputan abiertamente el poder, lo han influido irregularmente provocando una corrosión institucional sin precedentes. La solución no vendrá con actos espectaculares sino con el trabajo serio, ordenado y consistente durante años.Las vidas humanas sacrificadas injusta y cruelmente, como las que se cegaron en los últimos días deben ser símbolos que estimulen una iniciativa nacional por recuperar la paz y la justicia. La mejor forma de honrar a las víctimas es actuar con seriedad y paciencia porque la concordia, el acceso a la justicia y las instituciones sólidas que promuevan la igualdad son los pilares para construir sociedades sostenibles y equitativas que respeten la dignidad de la persona mediante la aplicación de la ley.
