2017 terminó como el año más violento en dos décadas, pero todo apunta a que el actual podría ir peor. En la primera semana de 2018 se cometieron 200 asesinatos, y estamos lidiando con varias desapariciones masivas, como las ocurridas en Chilpancingo, Guerrero.En ese municipio, la última semana de diciembre, desaparecieron al menos siete jóvenes, dos de ellos aparecieron asesinados. Este episodio de dolor se agrava porque se trata de una desaparición forzada, pues fueron policías de Chilpancingo quienes detuvieron a los jóvenes y los entregaron a grupos del crimen organizado.Además de las aristas de los homicidios violentos y desapariciones, la guerra en México también se muestra con hechos represivos contra comunidades que han resistido y parado megaproyectos gubernamentales y privados, como ocurrió el pasado fin de semana en comunidades rurales de Acapulco cuando se asesinó a once personas y se detuvo a 38 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP).Todo esto ocurre mientras al amparo de la recién Ley de Seguridad Interior (LSI), se intensifican operativos de las fuerzas armadas mexicanas (ejército y marina) que no son eficaces para combatir el crimen organizado y detener asesinatos y desapariciones, pero sí son eficaces para intimidar o intervenir contra comunidades y pueblos que resisten despojos y que buscan organizarse de manera autónoma.En este contexto transcurren las campañas de los aspirantes a la presidencia de la república sin una propuesta seria de cómo terminar la guerra que hay en México. Lo que sí han hecho los aspirantes es convertir el drama de la guerra que golpea a millones de mexicanos, en un tema de debate para buscar votos.En efecto, el candidato de la oligarquía, José Antonio Meade cuestiona que la violencia crece en estados de la oposición, y adelantó que seguirá con el mismo modelo de supuesta contra las drogas aplicado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El aspirante del mazacote PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, cuestiona al PRI por los elevados índices de violencia en los estados que gobierna. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, ofrece terminar con la guerra en tres años, pero no cuestiona el actual modelo de seguridad, y ofrece crear una guardia nacional. Vale la pena mencionar que ninguno de los tres ha cuestionado la LSI, legislación que normaliza la presencia militar en las calles del país.Solamente María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena (CNI) mantiene un discurso que cuestiona la guerra, y la identifica como parte de las estrategias de dominación, despojo y expropiación de los territorios y recursos de los pueblos y comunidades.Si nos atenemos a sus discursos de campaña, los candidatos de la partidocracia tradicional, ofrecen continuidad o incluso estrategias más radicales para el mantenimiento de la guerra. De ahí la relevancia del mensaje de María de Jesús Patricio de organizarse desde abajo, entre pueblos, comunidades y barrios, para autodefendernos, y parar así la violencia anidada en la maquinaria estatal-criminal.
