Durante muchos años los sistemas judiciales en México han luchado por fortalecer su independencia en medio de presiones políticas e insuficiencias presupuestales. Muchas reformas han tratado de resolver el problema, pero la exigencia crece a mayor ritmo que las soluciones ofrecidas.Durante décadas la práctica judicial se ha caracterizado por estar centrada en el excesivo formalismo, el culto a las instituciones, la demora y los altos costos reales, que hacen inaccesible para la mayoría el servicio de justicia.Aunque la reforma Constitucional de junio de 2011, significó una transformación enorme, los efectos no se perciben masivamente. En parte, porque la visión política general se ha limitado a establecer normas que declaran supuestos y consecuencias que, en la realidad, son aplicables muy selectivamente.El criterio de que el derecho es el que se declara; el que se promulga; el que está redactado en la norma, ha hecho perder de vista que el derecho es, en realidad, el que se aplica. Y vivimos una crisis en la aplicación de la ley. De forma que el problema no está en legislar, sino en aplicar la ley.Las reformas que se han instrumentado en materia penal, mercantil y laboral enfrentan enormes problemas para su aplicación, dadas las resistencias provenientes de los intereses creados en torno a un sistema en crisis.Habrá que reconocer esta situación para convertirla en oportunidad. Así ha sucedido en otras latitudes: en el Reino Unido, en la época de Bentham y Blackstone surgió una reforma que fortaleció al sistema judicial efectivo; en Estados Unidos de una crisis surgieron las tesis del juez Oliver Holmes y las propuestas de Roscue Pound, que culminaron también con cambios.En nuestro caso, esta crisis se agudizó porque, además de que se ha establecido una judicialización de la política, vivimos en la sociedad de los derechos. Afortunadamente hay cada vez más personas exigiendo SUS derechos; y es precisamente ahora, cuando crece, para bien, la conciencia de la igualdad; y en esta misma era aciaga cuando llega el terror, representado por la desaparición de decenas de miles de personas; y ha sido justo ahora, cuando llegó la pandemia obligando a suspender miles y miles de procesos y, generando miles de nuevos problemas que llegarán a los tribunales derivados de las tensiones provocadas por la emergencia sanitaria.Todos esos asuntos se acumularán al gran rezago que se arrastraba cuando se suspendieron las actividades judiciales. Ahora mismo, en los tribunales, de cualquier materia hay una enorme presión provocada por esta coyuntura excepcional.La mala percepción de los ciudadanos respecto a la justicia se convertirá, tarde o temprano, en una presión social y política, que hay que atender de inmediato. Se requiere del esfuerzo conjunto de las autoridades para enfrentar un desafío que, si bien es coyuntural, representa una oportunidad para dar un paso hacia adelante para transformar de forma sustantiva el servicio de justicia en México.Es la hora de aplicar no solamente muchos más recursos, cosa que es indispensable, sino de introducir mecanismos enfocados a las personas, dejando de lado el formalismo que da prioridad a las instituciones. En ese sentido, el uso de la tecnología es un imperativo, no solamente para automatizar procesos burocráticos, sino para enfocarlos a la eficiencia, como a la transparencia.Es la ocasión para plantear una reestructura del Poder Judicial que permita la operación de las reformas, y que al mismo tiempo, permita abatir el rezago, asumiendo la apertura a la sociedad civil de un servicio público que debe contar con el involucramiento y la confianza ciudadana.Un esfuerzo de esta naturaleza merece la generosidad de todos los actores interesados, desde los jueces y magistrados, el Poder Ejecutivo, los legisladores, hasta los representantes del foro judicial. Dejar de lado esta oportunidad significa incubar una presión que tarde o temprano irrumpirá en la inconformidad colectiva. Una muestra de ello son los crecientes reclamos en materia de desapariciones o de insuficiencia en la aplicación de los criterios de igualdad sustantiva, que justificadamente crecen, ante la rigidez del formalismo y la insuficiencia.La justicia está ante la oportunidad de transformar el colapso provocado por la pandemia, en una transformación más profunda que involucre no solamente a los tribunales federales, sino sobre todo a los sistemas estatales y de justicia municipal. La transformación debe llegar a la justicia.
