Martes, 14 de Julio 2020
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Judicatura secuestrada

Por: Jaime Barrera

Judicatura secuestrada

Judicatura secuestrada

Aunque el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) impugnará el viciado proceso mediante el cual las y los diputados de la LXII Legislatura local atracaron el Consejo de la Judicatura, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la imposición de Tatiana Esther Anaya Zúñiga e Iván Novia Cruz, allegados y cuotas del partido Movimiento Ciudadano, y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena, allegada y cuota del PAN, se consumó con su llegada la semana pasada a ese órgano colegiado del Poder Judicial.

Las y el nuevo integrante del Consejo de la Judicatura llegan marcados y deslegitimados por el desaseo en su elección y por no haber logrado la calificación mínima de 80, que se exigía en la convocatoria diseñada por los propios diputados, en el examen diseñado y aplicado por representantes de la UdeG, UP, ITESO, Univa y el Tec de Monterrey, y por haber quedado debajo de media tabla en la valoración que por Ley deben hacer los integrantes del CPS. Es decir, había muchos aspirantes mejores que ellos que fueron burlados.

Por no haber podido probar tener el mejor perfil profesional de los candidatos, y por haber llegado a la Judicatura en una burda maniobra para favorecerlos al cancelar ilegalmente la evaluación escrita como uno de los requisitos de elegibilidad, el y las nuevas consejeras representan el secuestro de este órgano que en teoría debería ser independiente de cualquier grupo de interés, sobre todo de partidos políticos, del gobernador en turno, de quienes controlan el Congreso y el propio Poder Judicial.

En ese sentido, preocupa que el presidente de este último poder, y también presidente del Consejo de la Judicatura, no haya hecho extrañamiento alguno por la obscena simulación ocurrida en el Congreso para hacer las designaciones públicas de su nuevo compañero y compañeras consejeras, que desprestigia aún más al Supremo Tribunal de Justicia que dirige. 

Su llegada hace también que la reciente reforma al Poder Judicial haya nacido muerta. Ingenuamente pensamos que haber logrado fijar en la Ley que estos nombramientos se dieran en procesos abiertos y con árbitros externos, rompería con la lógica de los compadrazgos, de los cuates y las cuotas, para optar por la meritocracia y las competencias profesionales para empezar a limpiar al Poder Judicial y a construir su verdadera independencia frente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Ya quedó claro que eso no fue suficiente y fue fácilmente burlado por los propios diputados y diputadas que hicieron y presumieron esa reforma. 

Nadie en su sano juicio puede esperar que una Judicatura secuestrada por intereses políticos cumpla su función de combatir la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados para cumplir el anhelo social de tener un Poder Judicial confiable y que contribuya a pacificar el Estado y mejorar los servicios de justicia para los ciudadanos. Por eso, más que nunca, habrá que estar muy vigilantes de lo que ocurra en ese órgano judicial atracado.
 

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