El estudio-diagnóstico que mandó pedir la Comisión Reguladora de Energía al Grupo Atalaya, para tratar de entender por qué nadie frena el creciente robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex, reveló lo que todos ya intuíamos: que en la trama corrupta que ordeña con tomas clandestinas los combustibles propiedad de la nación participan los cárteles de la droga, bandas criminales locales, grupos especializados, comunidades que viven en torno a los ductos, empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros y empresarios que compran el producto robado y autoridades y sus policías omisas o coludidas de los tres niveles de Gobierno.Con un costo de cinco millones de pesos, esta investigación revela que hay redes de gasolineros asociados a los cárteles. Con el cártel de Sinaloa, para comercializar hidrocarburos robados de los ductos de la zona Culiacán-Topolobambo; el cártel del Golfo regentearía el poliducto Madero-Cadereyta y la red de ductos de Reynosa-Río Bravo y Los Zetas en Puebla.En el caso de Jalisco, revela el estudio, los que se disputan la ilegal industria del huachicoleo son el cártel Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas. El primer grupo delictivo dominaría la zona de poliducto Salamanca-Guadalajara en el estado vecino y la zona de Zapotlanejo, mientras que Los Zetas en la zona de Tlajomulco-Tala.De los mil a casi mil 500 ilícitos que se cometen mensualmente en torno a los ductos Pemex en lo que va del 2018, Jalisco tuvo en julio pasado 144, lo que lo ubica en tercer lugar a nivel nacional sólo abajo de Guanajuato con 151 y de Hidalgo con 146. Jalisco supera ya a Puebla, donde es crítico este problema, y donde se registraron 143 tomas clandestinas en ese mes.El crecimiento del número de tomas clandestinas en Jalisco desde 2014 que se empezó a advertir del problema, ha hecho crisis en el último año sin que haya un esfuerzo coordinado entre el Gobierno federal, que es al que le toca combatir este delito, con los gobiernos estatales y municipales. Un ejemplo de esta descoordinación fue el hecho de que en mayo del año pasado Jalisco quedó fuera de la estrategia contra los huachicoleros que anunció la Secretaría de Gobernación con seis estados de la República en los que este problema también estaba creciendo de forma alarmante.El multimillonario negocio ilícito del robo de combustibles, que en 2017 significó pérdidas por 30 mil millones de pesos para Pemex, y que en el sexenio de Enrique Peña Nieto creció 790 por ciento, al sumar entre 2013 y 2017 casi 29 mil perforaciones clandestinas, es otra expresión de la inseguridad y la impunidad, y una fuente inagotable de recursos que aumenta el poder corruptor y de fuego de las mafias. El Gobierno de AMLO deberá hacer mucho más que, como ya lo hizo, pedir al Congreso que considere esta actividad como delito grave. De entrada detectar a los cómplices que trabajan dentro de Pemex y exigir ayuda de gobiernos estatales y municipales que hoy se hacen ojo de hormiga por corrupción o miedo.Jaime Barrerajbarrera4r@gmail.com
