Esta semana inició con la confirmación de una noticia infausta: en una casa en Santa Elena de la Cruz fueron hallados los cuerpos de 10 personas. Se trata de una fosa que, como afirma el secretario general del Gobierno estatal, Roberto López Lara, utilizan los miembros del crimen organizado. Detrás del comentario del funcionario se percibe el convencimiento de que quienes están muriendo todos los días en la ciudad son “los equivocados” que por participar en actividades ilícitas, se exponen a sufrir las consecuencias de enfrentarse a sus rivales.Lo trágico del caso es que aceptar ese supuesto es la ruta más corta al caos total, porque en las últimas semanas han sido localizados 28 cuerpos en diferentes puntos de la ciudad que han sido utilizados como fosas clandestinas. El drama se completa cuando el titular de la Fiscalía General del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, admite que no han sido identificados porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no ha terminado los trabajos forenses.Lo paradójico de esto es que el titular del Instituto, Octavio Cotero, ha insistido por años en la necesidad de aumentar el presupuesto y el personal para hacer todos los trabajos de investigación que se han descargado en el IJCF como resultado de la operación del nuevo sistema de justicia penal. Absolutamente todos los peritajes de tipo judicial, desde una simple comprobación de la autenticidad de una firma hasta el descubrimiento de la identidad de un cadáver que lleva meses sepultado en el patio de una casa, deben ser efectuados por personal del Instituto.Las peticiones de mayor presupuesto y contratación de personal, naturalmente, no fueron atendidas en las discusiones presupuestales de cada año. Hubo aumentos, sí, pero nunca suficientes. Y como si se tratara de un descenso en los círculos del infierno de Dante, el propio titular del IJCF sufre la tragedia de la desaparición de un miembro de su familia.Sólo este 6 de agosto, mientras se redacta este texto, los comunicados policíacos confirmaron la muerte de otras dos personas: una mujer de 40 años (datos aproximados), atacada y asesinada en su propio domicilio en Tlaquepaque, y un hombre de 35 años, seguido hasta el centro comercial Plaza Cordilleras, en Zapopan, donde sufrió el mismo destino.La gente pregunta, y con razón: ¿Qué está pasando, por qué tanta violencia?La respuesta, en términos teóricos, es sencilla: es el reacomodo permanente entre bandas rivales que se dedican a actividades de venta de droga y otras actividades que se enmarcan en la figura del delito de crimen organizado.¿Pero hasta dónde, hasta cuándo? ¿Cuál es el límite, la luz al final del túnel?Las respuestas, evidentemente, no las pueden entregar, no lo harán, las autoridades en función. No, el Gobierno estatal encabezado por Aristóteles Sandoval cuyo proyecto de Fiscalía General fracasó con claridad. Tampoco habrá mejoría en las policías municipales, que apenas se dedican a contener el desastre.Así como en el nivel federal el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a Enrique Peña Nieto enviar una iniciativa para recuperar la Secretaría de Seguridad Pública, en Jalisco el gobernador electo, Enrique Alfaro, espera de Aristóteles Sandoval que empuje la iniciativa legal que liquide a la Fiscalía y su largo rastro de fracasos.Urge.
