El anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos al cártel Nueva Generación, ya bajo la figura de organizaciones terroristas, puso otra vez en la mesa el tema de los reclamos del Gobierno de Donald Trump de no estar satisfecho con los resultados que en materia de combate al narcotráfico que ha logrado México, por lo que ha amagado con la imposición de aranceles comerciales. Este asunto había salido de los reflectores por la crisis migratoria de las últimas dos semanas, causada por las redadas contra indocumentados mexicanos en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses.Por eso, esta acción del Departamento del Tesoro de EU, y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) meterá, sin duda, presión tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Fiscalía de Jalisco, que se vieron rebasadas por la información dada a conocer desde Washington.Y es que, entre los motivos del congelamiento de cuentas y bienes de los cabecillas de esta organización criminal, planteados por las autoridades estadounidenses, aparecen casos cuyas investigaciones tienen en proceso tanto la Fiscalía mexicana como la jalisciense, y que están lejos de concluir.Aparece, por ejemplo, el caso del asesinato de la influencer Valeria Márquez, muestra mientras transmitía en vivo en sus redes sociales desde la estética que operaba en una plaza de la Zona Real de Zapopan, crimen que le atribuyen a Ricardo “N”, integrante del cártel Nueva Generación, mientras que la Fiscalía estatal, a más de un mes de investigaciones, sigue sin esclarecer este caso.Por eso ayer el Fiscal estatal, Salvador de los Santos, se limitó a decir que pedirían la colaboración de la Embajada de Estados Unidos, para intercambiar información y avanzar en la investigación de este homicidio de alto impacto.Mencionan el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, cuya operación criminal atribuyen también a esta organización delictiva. Como se sabe, este predio utilizado como campo de reclutamiento, y para muchos de exterminio, por la gran cantidad de mochilas, zapatos y ropa, encontradas ahí en marzo pasado, ha provocado múltiples tensiones entre la Fiscalía estatal y la FGR, que atrajo el caso. Ambas dependencias tienen pendiente deslindar responsabilidades de los agentes y mandos que ordenaron dejar a la deriva esta finca en septiembre, cuando encontraron ahí a una persona muerta y detuvieron ahí a diez hombres, luego de que se enfrentaran a balazos con elementos de la Guardia Nacional. Otro asunto que adelanta el OFAC, es el que se refiere al robo y tráfico de hidrocarburos, que también investiga la FGR y que involucra a familiares del alcalde de Teuchitlán, José Murguía, detenido el 5 de mayo por el caso del Rancho Izaguirre, por tener en ese municipio los domicilios fiscales de las empresas propietarias de cientos de tráileres en los que se movían millones de litros de hidrocarburos importados ilegalmente de Estados Unidos.Con estas nuevas acusaciones de EU, además de meter en apuros a nuestras Fiscalías, se repitió la historia de que los mexicanos siempre nos enteramos desde fuera, de lo que pasa en el País con las mafias. jbarrera4r@gmail.com
