El sistema penitenciario de Jalisco está nuevamente en el ojo del huracán luego de la recomendación 147/2021 que emitió la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y que reveló la salida de presas del reclusorio femenil para llevarlas a las cárceles varoniles de las que regresan con aliento alcohólico.Luego de esta denuncia la explicación oficial fue que las salidas de las reclusas se deben a que realizan eventos culturales y deportivos en los complejos penitenciarios masculinos como parte de una estrategia de reinserción social, mientras que ex custodias y familiares de detenidos y detenidas hablan de que estamos ante toda una red de prostitución que opera al interior del complejo penitenciario de Puente Grande.Por eso, el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la propia Dirección General de Prevención y Reinserción Social, tendrán que hacer mucho más que simplemente salir a rechazar la recomendación asegurando que las excarcelaciones de las presas están sustentadas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y que las recomendaciones de mejora que les hace la CEDHJ las hacen “desde el inicio de la administración”.De entrada, fueron las propias autoridades carcelarias las que aceptaron que algunas presas fueron sancionadas por consumir alcohol en una de esas salidas, lo que deja claro que la introducción de bebidas embriagantes o la fabricación de ellas al interior de estás cárceles sigue siendo práctica común, junto con la venta de droga, armas, mujeres y otra serie de privilegios que se comercializan ahí dentro bajo el control del autogobierno delincuencial, como denuncian familiares de presos y ex custodios.En la CEDHJ tomaron con calma la descalificación que hicieron en la SSP de su recomendación y están en espera de la contestación por escrito que haga el gobierno estatal para decidir la ruta que seguirán para insistir en que se esclarezcan estos casos y se tomen medidas correctivas no sólo en el reclusorio femenil sino en todo el complejo penitenciario de Puente Grande.Por lo pronto, la pregunta es si las fiestas que quedaron documentadas en videos de presos bebiendo y bailando con música de banda en la pasada administración, continúan y en este nuevo episodio se acredita el delito de evasión de presos cuyas penas se incrementan si quienes lo propician son servidores públicos, según establece el Código Penal.Hasta hoy nada ha dicho la comisión de Seguridad, Justicia y Readaptación Social del Congreso del Estado que debería tomar cartas en el asunto, porque la seguridad en la ciudad y la solución a esta crisis desbordada de violencia pasa por retomar el control de las cárceles. Debe ser prioritario por ello hacer las investigaciones necesarias para descartar o detener lo que se ha dicho sucede en Puente Grande tras la recomendación de la CEDHJ, que sería todo un nuevo escándalo.
