Las peores predicciones se cumplieron. El Congreso de la Unión (los senadores la semana pasada y los diputados esta semana) aprobaron un paquete de reformas en las que se encontraban las distintas iniciativas para mejorar el Sistema Nacional de Búsqueda y perfilar una política nacional contra las desapariciones que por fin pusiera como prioridad nacional el combate a este delito y la búsqueda efectiva de más de 120 mil desaparecidos que hay en el país.Aunque no había demasiadas expectativas, las pocas esperanzas de lograr un cambio de fondo en la política contra las desapariciones se perdieron con los casi nulos avances que se introdujeron en las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. De hecho, algunos buscadores, como Jorge Verástegui -que busca a su hermano y a su sobrino desaparecidos en Coahuila en 2009-, sostienen que hay retrocesos significativos. Uno de ellos es que ya no se contabilizarán las desapariciones que no cuenten con una carpeta de investigación, y por ello se anticipa que, al final, el Gobierno reducirá el número de personas desaparecidas que existen en el registro federal que, de acuerdo con los cambios de 2017, incorpora denuncias por desapariciones aunque no tengan una denuncia ante fiscalías. Otros organismos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, recuerdan que en México muchas personas no pueden reportar una desaparición ante la autoridad ante las amenazas del crimen organizado que existen en muchas regiones del país.Al dejar de atender las demandas de los colectivos y acelerar la presentación de las reformas más por coyuntura política, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alejó la esperanza de que por fin este Gobierno pusiera como prioridad nacional la búsqueda de los desaparecidos. Lo peor de todo es que, en su lugar, se reforzó la militarización de la vida civil del país y se avanzó en la construcción de un Estado de vigilancia del que la mayoría de la sociedad todavía no es consciente de sus implicaciones.A través de reformas a diversas leyes, aprobadas a marchas forzadas por la mayoría legislativa de Morena y partidos aliados, se aprobaron varias disposiciones que atentan contra la privacidad y aumentan el riesgo de vigilancia, persecución y espionaje de las personas en México por parte del Gobierno.Las leyes reformadas fueron las siguientes, además de la General de Desaparecidos: Ley de la Guardia Nacional; Ley General del Sistema de Seguridad Pública; Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; Ley General de Población; Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.Con estas reformas se refuerza un sistema de vigilancia estatal que obliga a los ciudadanos a darse de alta con la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que deberá ser presentada obligatoriamente para trámites públicos, pero a la vez se obligará a dar de alta la CURP biométrica ante todas las compañías proveedoras de servicios de telefonía e internet en un plazo de 120 días, como afirmó Vladimir Chorny, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Toda esa información se concentrará en una Plataforma Única de Identidad que contendrá toda la información que generemos: los datos oficiales, viajes, compras en internet o mediante tarjeta bancaria e incluso la geolocalización en tiempo real. Gracias a los cambios en leyes como la de la Guardia Nacional o la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, esta información estará a disposición de instancias militares o de seguridad nacional.En resumen, se reforzará un Estado de vigilancia. No es nuevo que nuestra privacidad y datos personales se han ido minando en los últimos tiempos por restricciones del Gobierno, pero también de manera voluntaria al ceder ante servicios, plataformas o aplicaciones de compañías privadas que supuestamente nos facilitan la vida diaria. De poco en poco, nos hemos convertido en modernos mineros digitales que cada día extraemos riqueza que van acumulando un puñado de grandes corporaciones. Ahora se suma el Estado de vigilancia por las reformas aprobadas recientemente en el Congreso de la Unión.Sin mayor resistencia, se impone lo que la investigadora Shoshana Zuboff llama “capitalismo de vigilancia”, que en una de sus definiciones describe como “origen de un nuevo poder instrumentario que impone su dominio sobre la sociedad y plantea alarmantes contradicciones para la democracia”. Ante tal escenario, no queda más que resistir de todos los modos posibles.rubenmartinmartin@gmail.com
