La revelación hecha ayer por EL INFORMADOR de los documentos que prueban que pese a los litigios en tribunales en proceso, ya existe firmado, desde el 18 de julio pasado, un Convenio Marco para la compra de las Villas Panamericanas y que los compradores ya tienen en posesión el inmueble, al grado de realizar trabajos de remozamiento, puso en fase crítica el futuro de esta malhabida inversión público-privada.Y es que este desafío legal, permitido y promovido desde el mismísimo gobierno estatal que encabeza el emecista Enrique Alfaro, es del tamaño del elefante blanco que se quiere revivir, pero que en realidad lo pusieron en shock y podría acabar muriendo demolido, por la radicalización social que esta riesgosa y extrema apuesta podría generar.¿Existe o no un acuerdo extralegal entre el gobierno alfarista y los inversionistas representados por Gerardo Huerta Hoyos, de Inmobiliaria Cornejo Barragán; por Héctor Francisco Cornejo Reynoso, del Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque; por Jorge Arturo Barragán Lara, de Promotora Las Nubes; y por Jaime Rábago Jiménez, de Impulso Inversiones de Futuro, y quien también firma por Green Life Capital, que aún sin los desistimientos ni permisos municipales necesarios para destrabar los impedimentos legales para darle un uso habitacional a ese inmueble, ya destinaron 30 millones de pesos para reparar los daños que por falta de mantenimiento tiene este conjunto de edificios sin utilizar desde 2011?¿En qué momento el consejo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco autorizó a su titular, Iván Eduardo Argüelles Sánchez, firmar este convenio? Independientemente de la respuesta a esta incógnita, la opacidad con la que se procedió, vuelve a poner en duda la transparencia prometida por el nuevo gobierno luego de la denuncia que hicieron por los presuntos manejos oscuros que hicieron de este fondo sus antecesores.Si el gobernador ya matizó, al menos en el discurso, que el tema de la venta de Las Villas es asunto del Ipejal, ¿quién avaló la firma del director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Aldo Ismael Arias Jiménez, en el referido contrato, a nombre de esta instancia que depende exclusivamente del gobierno de Jalisco?Al primero que sorprendió nuevamente ayer esta falta de claridad fue al alcalde de Zapopan, quien desde la semana pasada dijo ignorar y estar en desacuerdo con vender las Villas sin que terminen los juicios, se inviertan 200 millones de pesos en un plan de mitigación y se decrete esa zona de fragilidad ambiental, que impida más desarrollos. Sea real o simulada esta resistencia, pareció ya llegar a un punto de no retorno, que abre la posibilidad de un rompimiento político entre Pablo Lemus y Alfaro.La obstinación de querer sacar en fast-track la venta de Las Villas, ha exasperado las voces que advierten del grave daño que dar uso habitacional a El Bajío significaría para la recarga de los mantos freáticos de la Ciudad, como las del Observatorio Ciudadano del Agua, la Universidad de Guadalajara y otros expertos, que ante los intentos de madruguetes, cada vez ven como única salida la demolición de esos edificios.Mientras tanto, desde el blindaje de impunidad del que gozan, los beneficiarios y autores de estas afectaciones legales, ambientales y patrimoniales cometidas hace una década contemplan los coletazos de su elefante Panamericano.
