Al menos desde las elecciones intermedias del 2009, en el sexenio de la guerra contra el narco del panista Felipe Calderón, el riesgo de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales lejos de erradicarse ha ido en una imparable escalada.Además que eso ha significado que la infiltración del narco a los gobiernos sea cada vez mayor, también ha degenerado en comicios y campañas electorales como las que hoy inician, cada vez más violentas. Así, los focos rojos que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni los Órganos Públicos Locales Electorales (Oples) reconocen explícitamente, han ido creciendo en los comicios presidenciales del 2012 y el 2018, y en las respectivas intermedias del 2015 y 2021.De hecho, las campañas electorales de hace tres años fueron consideradas las mas violentas de la historia. De acuerdo a la desaparecida consultora Etellekt, que elaboró el registro más pormenorizado de los hechos violentos en que se vieron involucrados candidatos, candidatas, funcionarios y ex funcionarios en las precampañas y campañas, el proceso electoral 2020-2021 se convirtió en el más violento de la historia, aunque por debajo en el número de asesinatos. En 260 días de actividad político electoral sumaron 782 agresiones (secuestros, amenazas de muerte, atentados, golpes, daños a la propiedad y abusos sexuales entre otros) contra las 744 contabilizadas por la misma consultora en el pasado proceso electoral del 2018, cuando hubo 48 asesinatos políticos, contra los 35 del 2021.Por la crisis desbordada de violencia e inseguridad, y por el creciente número de territorios controlados por grupos del crimen organizado, combinada con el hecho de que la elección de este año será la más grande de la historia por la participación récord de 280 mil candidatos que competirán por 20 mil 262 cargos de elección popular, casi 20 mil de ellos posiciones locales, hay enorme preocupación de que la violencia electoral este año supere todas las pasadas cifras. Ya en 2023, se contaron 264 agresiones a miembros de la clase política y gubernamental, y contando a partir del 4 de junio de 2023 que inició el proceso electoral en curso a la primera semana de febrero iban ya 50 agresiones de las cuales 33 fueron asesinatos de personas vinculadas a la actividad política. No están contabilizadas en este corte del Laboratorio Electoral sobre la Violencia los dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, uno del PAN y otro de Morena, que fueron asesinados el mismo día la semana pasada. Es decir, iniciamos hoy las campañas, casi empatados con el saldo mortal de las elecciones pasadas.En Jalisco el panorama no es menos desolador. El reporte de Integralia dado a conocer el mes pasado titulado los “Diez riesgos políticos para 2024” ubican a nuestra entidad en el top 3 de los estados donde habrá elecciones para gobernador, junto con Veracruz y Chiapas, como un estado que presenta un control “muy alto” de los grupos del crimen organizado en distintas zonas. Como Maravatío, nuestro signo ominoso es Jilotlán de los Dolores, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno no pudieron garantizar la seguridad pública para convocar a elecciones extraordinarias por la presencia de grupos del crimen organizado. Los gobiernos federal, estatal y municipales tienen la obligación de que esta estela de violencia electoral pare y no ponga en riesgo la libertad de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Basta ya de que permitan cumplir los designios de las mafias que cada proceso electoral asoman más sus fauces.jbarrera4r@gmail.com
