No es de ahora el hartazgo de la sociedad mexicana contra los abusos y prebendas de la clase política mexicana, en especial de una burocracia dorada que copa los puestos mejor remunerados de la administración pública federal.Lo que es nuevo es la abierta defensa de sus privilegios que salieron a hacer miles de funcionarios públicos de los poderes Judicial y Ejecutivo federal, en ocasión de la Ley Federal de Remuneraciones, que establece, entre otras cosas, que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.Hasta el miércoles al menos seis mil 271 funcionarios federales habían presentado dos mil 772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, según informó el Consejo de la Judicatura Federal. En esos más de seis mil demandas que buscan ampararse para evitar que les recortes sus salarios y prestaciones, hay 384 jueces, 445 magistrados, dos mil 174 secretarios, 445 actuarios, mil 226 oficiales, todos del Poder Judicial de la Federación, en tanto hay otros mil 043 funcionarios de distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal, como de la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad ,Procuraduría General de la República, Cisen, Sistema de Administración Tributaria y de organismos autónomos o descentralizados como el Instituto Nacional Electoral, Cofece, y del Instituto Politécnico Nacional, según informó el portal Animal Político (https://www.animalpolitico.com/2018/12/amparos-ley-remuneraciones/).El lunes se presentó públicamente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para negar que tengan sueldos de hasta 600 mil pesos como empezó a difundirse y tratando de no exhibirse sólo como defensores de privilegios, denunciaron que el intento de reducir sus percepciones es en realidad una maniobra para debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho. Según su argumento, los altos sueldos y prebendas que tienen los funcionarios judiciales garantiza tanto su independencia como el desempeño imparcial de su trabajo.Es cierto que no todos tienen sueldos cercanos a los 600 mil pesos mensuales, pero sí los ministros de la Corte, así como magistrados electorales e integrantes del Consejo de la Judicatura. Un ministro de la Corte percibe al año seis millones 938 mil 234 pesos que equivalen 578 mil 186 mensuales, con todas sus percepciones. Entre las prestaciones, los ministros tienen una compensación garantizada de dos millones 785 mil 845 pesos, prima vacacional de 95 mil 475 pesos, aguinaldo de 586 mil 317 pesos, seguro de vida institucional de 33 mil 876 pesos, seguro de gastos médicos mayores por 47 mil 770 pesos, seguro de separación individualizado por 528 mil 782 pesos, estimulo de antigüedad de 46 mil 154 pesos, “pago por riesgo” de 853 mil 223 pesos al año y como cereza del pastel, ayuda para compra de anteojos por tres mil 100 pesos. Como si un funcionario que gana más de medio millón de pesos al año no pudiera comprarse sus anteojos.Hay infinidad de comparaciones que pueden hacerse entre estos sueldos y el salario mínimo de menos de tres mil pesos mensuales o el promedio de ingresos de siete mil 500 pesos mensuales que gana la mayoría de la clase trabajadora mexicana.A una familia obrera le lleva toda su vida laboral (unos 25 años) pagarse la casa de interés social más barata del mercado (unos 250 mil pesos). Un ministro o magistrado podría pagarse esa casa en una quincena.Es insostenible y hasta obsceno los ingresos ostentosos que recibe la alta burocracia mexicana. Mientras más defienden estos privilegios, más ridículo hacen. Estos abusos y privilegios deben terminar.
