El pasado 25 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió uno de los casos más relevantes en su agenda: el amparo (Amparo Directo 34/2024) promovido por el productor Luis de Llano, quien impugnó la condena civil en su contra por abuso sexual contra Sasha Sökol hace varias décadas, cuando él tenía 39 años y ella apenas 14.Su defensa se centró en que la acción civil ya había prescrito, es decir, que había pasado demasiado tiempo para reclamar legalmente. La prescripción es una figura por la cual, si quien tiene un derecho no lo ejerce en un cierto plazo, lo pierde. En materia civil, estos plazos suelen ir de uno a diez años, según el código estatal aplicable y la obligación de que se trate.El proyecto, elaborado por el ministro Jorge Pardo, analiza si estos plazos de prescripción pueden aplicarse a casos de abuso sexual infantil. La Corte concluyó que no, permitir la prescripción en estos casos restringe el acceso a la justicia de las víctimas.Se identificaron tres obstáculos comunes que enfrentan quienes sufrieron abuso en la infancia: i) el tiempo necesario para identificarse como víctimas; ii) el tiempo para comprender el daño causado; y iii) la dificultad emocional para denunciar. Por ello, no se trata de un caso común donde el daño es evidente desde el inicio, sino de una experiencia que suele ocultarse o normalizarse, especialmente en la niñez.Es importante subrayar que esta decisión no afecta la persecución penal —donde también hay reglas de prescripción—, sino exclusivamente la vía civil, siendo que ambas resultan independientes.En México, esta sentencia puede marcar un parteaguas. Aunque aún no es claro el alcance social del criterio, sin duda abre la puerta a que más víctimas puedan acceder a la justicia, incluso décadas después. Como lo expresó la propia Sökol en redes sociales, este fallo también reconoce el derecho a la verdad.Como referencia, en Estados Unidos, la eliminación de la prescripción en casos de abuso infantil permitió que más de 82,000 personas reclamaran daños contra los “Boy Scouts”, obligando a la organización a acogerse a procedimientos de quiebra.Quizá algunas instituciones educativas o religiosas en nuestro país deberían prepararse. La Corte ha dejado claro que el paso del tiempo no debe ser un escudo para el abuso, al menos cuando se trata de menores de edad.
