Si todos estábamos ya preocupados por la escalada de violencia e inseguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara y muchas zonas del interior de Jalisco, agudizada por la sanguinaria lucha de los cárteles de la droga por el control de la plaza, más desconcertados quedamos luego de escuchar la confesión de impotencia para parar esta ola delincuencial del mismísimo gobernador, Aristóteles Sandoval, el miércoles pasado.Su afirmación de que la “situación es crítica y no tiene indicios de mejorar” no puede interpretarse de otra manera que como un reconocimiento de que el tema de la seguridad se les salió de control y que empeorará: “Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no va a terminar, lo que sí podemos y estamos obligados y lo que vamos a hacer es contener”, dijo.Qué bueno, como dijo el gobernador, que no se recurra a la “demagogia” ni a “las falsas promesas” en materia de seguridad, sin embargo esa franqueza no basta ni exime a la autoridad de su obligación de garantizar la paz y la tranquilidad a los ciudadanos sometiendo y no sólo conteniendo las acciones depredadoras de las mafias.Claro que como dijo el gobernador, es necesaria una mejor coordinación entre las corporaciones policiales de los tres niveles de Gobierno, y que para lograrla deben abrir espacios de trabajo como son las reuniones semanales. El tema es que en teoría, estas sesiones han estado planteadas desde siempre, pero nunca se les ha dado la importancia, la relevancia estratégica y el seguimiento que exige para medir el cumplimiento de las tareas que ahí se asignan y tocan hacer a cada una de las policías municipales, la estatal, la federal y las fuerzas castrenses.Uno de los factores que más ha influido en que estas mesas no operen debidamente es la desconfianza que hay entre las mismas dependencias policiales y sus mandos. A nivel local esa situación recrudeció desde 2015, que llegaron a la capital del Estado y a las principales alcaldías del AMG alcaldes del partido Movimiento Ciudadano, cuyos mandos policiales y los estatales correspondientes al Gobierno priista nunca han podido ponerse de acuerdo. La base de estos recelos está en que unos a otros, incluidos mandos militares, de la PGR, el Cisen y de la Policía Federal, se acusan de tener elementos coludidos con el narco, que les filtran información de los operativos acordados. Esa infiltración delincuencial en los cuerpos policiales la reconoció también el gobernador el martes, al hablar de que con los “buenos policías” será con los que enfrente al hampa.Ojalá que el más violento arranque de año que hemos tenido este 2018 haga, ahora sí, que el gobernador, los alcaldes y los delegados federales prioricen el tema, encabecen estas juntas y exijan resultados a sus mandos policiales.jbarrera4r@gmail.com
