En una clara descalificación a la respuesta que dio el Gobierno mexicano, en el sentido de que la contaminación en el Río Santiago no era de “gravedad”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el viernes pasado una recomendación a México para que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la salud en comunidades de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán. La resolución 07/2020 de la CIDH coincidió con la semana en que se dio la llamada “Macro-Excursión” que encabezó el gobernador Enrique Alfaro por distintas obras que se realizan para el saneamiento de este cuerpo de agua, considerado uno de los más contaminados del mundo, así como con la presentación del plan de acción del Gobierno estatal denominado “Revive el Río Santiago”. Estas dos actividades fueron en respuesta a la intención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) de actualizar la macrorrecomendación que hace 11 años emitió esa institución por el ecocidio que ya se vivía en ese afluente, y que afectaba la salud de la población que habita en los márgenes del río, como lo revelaron diversos estudios, uno de los cuales se ocultó por más de una década.Tambien el vienes que la CIDH pidió a las autoridades mexicanas realizar un diagnóstico médico especializado en la zona afectada e informarles de las medidas para combatir las fuentes de riesgo, funcionarios del Gobierno estatal se reunieron con Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para pedir la intervención y el apoyo del Gobierno federal en la limpieza del Santiago.Al final de esa reunión, el funcionario federal se comprometió a trabajar en conjunto con el Gobierno estatal en la búsqueda de revertir el desastre ambiental en este río, y a fortalecer la supervisión en las industrias que vierten sus residuos en el afluente con sustancias y metales pesados altamente contaminantes y nocivos para la salud de los habitantes de las colonias que están en los márgenes de ese cuerpo de agua. Cabe señalar que el Gobierno federal nunca ha dado seguimiento ni realizado las supervisiones necesarias para detener la degradación continua de este río. Un botón de muestra es que en el 2009 que se emitió la macrorrecomendación, las sanciones de la Profepa a las empresas que tiraban desechos al Santiago alcanzaron una cifra récord de 44 multas; sin embargo, esta supervisión se fue relajando al grado que en los últimos años se han aplicado apenas cinco en promedio.Habrá que ver, pues, si el Gobierno de la autollamada Cuarta Transformación pone de verdad fin a la indiferencia que la Federación siempre ha tenido ante el grave problema de contaminación en el Río Santiago, ahora que el Gobierno estatal y la CIDH claman por su intervención. Una muestra de esa voluntad bien se podría expresar con el hecho de que las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, rompan su silencio e informen de lo que han hecho para mitigar la mortal contaminación en el Santiago.jbarrera4r@gmail.com
