La corrupción tiene altos costos sociales y económicos para el país. Se trata de una de las prácticas que en mayor medida erosionan a la democracia por sus múltiples efectos: fractura la vigencia del Estado de derecho; merma el presupuesto público o determina la mala calidad de la obra y los servicios públicos; y genera un contexto de permisividad respecto del respeto y confianza en las instituciones públicas.Lo anterior se ve reflejado en los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 54.4% de las y los ciudadanos mayores de 18 años desconfían algo o mucho en las policías de tránsito; 47.4% desconfía algo o mucho en las policías preventivas municipales; 44.2% desconfía de los ministerios públicos; 44.1% desconfía de las policías ministeriales; y 42% desconfía de las policías estatales.En este recuento, sólo el Ejército y la Marina gozan de una buena reputación y confianza de la ciudadanía: menos del 10% de las personas mayores de 18 años desconfía poco o mucho de esas instituciones, y por ello es de fundamental relevancia continuar fortaleciéndolas ante la corrosiva capacidad de destrucción institucional de la corrupción.Es loable, sin duda, que el presidente de la República haya hecho de la lucha contra la corrupción, desde su campaña electoral, una de sus principales banderas y compromisos. Lo es igualmente que en los primeros meses de su gobierno mantenga como uno de sus principales frentes de acción el freno al saqueo de la nación.Sin embargo, en ese proceso, hace falta hacer mucho más para que en toda la administración pública federal; así como en todas los gobiernos estatales y municipales se replique el mismo compromiso anticorrupción de parte de las y los mandatarios locales; y que ocurra lo mismo en los municipios, sobre todo en aquellos de mayor densidad poblacional y acceso a recursos públicos.Está, por otra parte, debe considerarse que el sector público debe ser referente y guía de actuación para los privados; y que cuando no es así, pueden ocurrir catástrofes financieras como la del 2008, en la que la voracidad de unos cuantos, con la complicidad de autoridades que no actuaron deliberadamente en su contra, llevaron al planeta al borde de un colapso económico.No debe obviarse, por otro lado, que seguimos viviendo bajo un régimen presidencialista; y que, en el caso de la presente administración, el jefe del Estado goza de una enorme legitimidad vía las urnas, pero también de una enorme popularidad; lo cual le enviste de una expectativa mayor, que al mismo tiempo es la enorme fuerza de que dispone para avanzar hacia un quiebre decisivo en este rubro.Hay que considerar además las poderosas resistencias que para desarraigas las prácticas corruptas se enfrentan en todos los niveles; que quienes se han beneficiado históricamente no sólo resistirán, sino que pueden actuar en rebeldía y no necesariamente en buena lid; y que la conciencia de los corruptos no necesariamente es sensible a la transformación y a las convocatorias a su transformación.Las teorías del desarrollo institucional advierten que voluntarismo no es suficiente para garantizar gobiernos honestos; que es bajo el imperio de la ley y del fortalecimiento institucional como puede lograrse el control de la corrupción y el uso faccioso de los recursos ciudadanos. Pero ello requiere de un Estado fuerte, capaz de hacer cumplir la Ley, y de un Poder Judicial sólido, capaz de impartir justicia en el más amplio sentido de la palabra.Finalmente, dadas las profundas condiciones de desigualdad y pobreza que hay en el país, es urgente también modificarlas, porque éstas, como precondición existente en la realidad nacional, son también fuente de prácticas de corrupción, y detonadoras de un círculo de reproducción en el que, a más pobreza y desigualdad, más corrupción, y a la vez, con mayor corrupción, se profundizan y agudizan esas condiciones.@mariolfuentes1Investigador del PUED-UNAM
