Como escribí ayer aquí, lo menos que podían hacer las autoridades municipales y la Fiscalía estatal era reconocer que la razón le asistía al colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en sus hallazgos de cadáveres y restos humanos inhumados criminalmente en fosas clandestinas, y no poner en duda su trabajo señalando que podría tratarse de cuerpos exhumados de las tumbas por actos vandálicos o incluso por irregularidades administrativas del personal del cementerio de San Sebastianito, en Tlaquepaque. Ayer, la Vice Fiscalía en Personas Desaparecidas, aceptó que al menos dos cadáveres encontrados en ese panteón fueron víctimas de algún delito por lo que deberán abrir una carpeta de investigación. Como bien decían las y los integrantes de este colectivo, no podían ser cuerpos procesados en un centro forense ni sepultados legalmente, porque estaban emplayados, en bolsas negras y en algunos casos, aún se podían advertir huellas de violencia. “No son ‘exhumaciones’, son asesinatos encubiertos”, reclamó de forma enérgica en un comunicado desde la semana pasada el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Pero lo que también habrá que decir, es que la insistencia de la Fiscalía de solicitar información a la actual administración del cementerio por suponer irregularidades y exhumaciones en criptas cuyos propietarios adeudan pagos al Ayuntamiento, ya enfrentó al Gobierno municipal morenista de Tlaquepaque con esa dependencia estatal. Sobre todo, porque nunca vieron de parte de la Fiscalía una actuación tan diligente y minuciosa en el caso del Panteón Jardín de Guadalajara, donde este mismo colectivo también encontró una fosa clandestina la semana pasada. Ven en ello tintes partidistas.De hecho, hay una petición que hizo este miércoles la Vice Fiscalía en Personas Desaparecidas a la Sindicatura de Tlaquepaque para que rinda un informe de “carácter urgente” en menos de 12 horas, con los nombres de los responsables de ese cementerio en los últimos 20 años. El haber dado ese viraje, de pasar del señalamiento a la actual administración, a abrir la investigación a administraciones anteriores, pareció ser una señal de la Fiscalía para bajar la tensión, aunque en el Ayuntamiento ya estudian la posibilidad de demandar por daño moral ya que, aseguran, la Vice Fiscalía prácticamente secuestró el fin de semana a un trabajador del panteón tratando de inculpar al Gobierno de Laura Imelda Pérez.Así que habrá que ver si Tlaquepaque ya entregó ese informe y con esa información la Fiscalía avanza en sus pesquisas para el esclarecimiento de estos preocupantes episodios.Pero lo dicho ayer, ojalá este nuevo punto de inflexión en nuestra crisis humanitaria de desapariciones en Jalisco, sacuda a las autoridades y eviten que los grupos de la delincuencia organizada se apropien ahora hasta de los panteones públicos.
