Solté la risa con un videotutorial británico cuyo sugerente título anuncia: «La forma definitiva de partir un aguacate». También una nota de Denisse Maerker consigna que, con el aumento del consumo de aguacate en Europa, se multiplicaron los accidentes al cortarlo. La lesión en la palma fue bautizada como «mano de aguacate». A tal grado, que algunos empaques incluyen instrucciones para rebanar el llamado «oro verde». Lo anterior refleja el crecimiento y popularidad del aguacate en el mundo en años recientes. En México, su principal productor a nivel global, generó ventas por 3.4 mil millones de dólares en 2020. Por eso no debería dejarnos indiferentes la reciente autorización de Estados Unidos para importar aguacate Hass de Jalisco, el segundo productor nacional después de Michoacán. La noticia tiene claroscuros. En lo económico, el monstruo de mercado estadounidense traerá grandes beneficios a los productores locales que buscaron esta oportunidad durante años. En Michoacán, el sector genera alrededor de 40 mil empleos fijos y 60 mil eventuales. Los beneficios son innegables. El estado vecino produce siete veces más aguacate que Jalisco, pero tenemos todo para dar un salto cuantitativo. Sin embargo, la producción de aguacate también genera actividades predatorias contra el medio ambiente. Sobre todo causa un enorme estrés hídrico. Producir un solo aguacate demanda alrededor de 270 litros de agua. A esto se suma la producción ilegal o la falta de control ambiental que causa la deforestación de nuestros bosques. La producción se concentra en la Zona Sur del estado, en municipios como Zapotlán el Grande, principal productor, Tapalpa, Mazamitla y San Gabriel (este último afectado en 2019 por el desbordamiento del río Salsipuedes atribuido a la deforestación aguacatera). Pero aquí no acaba el dilema. La riqueza del «oro verde» también atrae a las bandas criminales que pasaron de controlar mercados ilegales al control de mercados legales como el del aguacate. Esta evolución del crimen organizado, vinculada a la erosión de las instituciones, flagela a los productores que padecen extorsión y robo. Los cárteles han migrado a un sistema de franquicias en donde se apoderan de las cadenas productivas de este tipo de commodities como el aguacate. Desde 2007 se documentó la extorsión a aguacateros de Michoacán por los Zetas y luego los Caballeros Templarios con el cobro de mil pesos por hectárea. No es gratuito que por eso en Michoacán surgieron las primeras autodefensas. La exportación de aguacate de Jalisco a Estados Unidos tiene un filo peligroso. Sin una estrategia contra la deforestación y el agotamiento hídrico, ni un freno al cobro de piso y renta criminal a productores, crecerán el deterioro ambiental y la inseguridad en el Estado. Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco carece de un plan a seguir ante ambos escenarios. Es una navaja de doble filo que nos puede herir. Y no precisamente la mano.
