La presa El Zapotillo y el acueducto a León, Guanajuato, es uno de los grandes megaproyectos de infraestructura hidráulica proyectados en México. Y también se está convirtiendo en un megaproyecto de violación de derechos, irregularidades, despojos de bienes comunes, y un descarado tráfico de decisiones y beneficios a corporaciones privadas a costa del interés público.Desde su origen, la imposición de este megaproyecto está plagado de arbitrariedades. La primera y más graves es que se diseñó un megaproyecto hidráulico sin consultar a tres poblaciones que los diseñadores decidieron inundar: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.La siguiente gran anomalía fue la decisión de despojar del agua de los pobladores de Los Altos para beneficiar el complejo industrial, automotriz, inmobiliario, comercial y minero del Bajío guanajuatense, mediante el trasvase de agua de El Zapotillo a León, con la construcción de un acueducto asignado a la empresa española Abengoa. Como cabía esperar, estas arbitrariedades han sido resistidas por los afectados.A estas arbitrariedades originales, ahora sabemos que todo el diseño de jurídico, de ingeniera y financiero de la construcción del acueducto es a la vez un monumento de irregularidades. Gracias a una serie de reportajes de Sonia Serrano (NTR, 24, 25 y 26 de junio) sabemos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) regaló bienes públicos de Jalisco a la empresa española, sin que el gobernador Aristóteles Sandoval pusiera ningún reparo. Son 55 cruces con arroyos o afluentes, 37 tramos de caminos vecinales y seis tramos de carreteras estatales. En total 98 tramos de dominios públicos. Además de los bienes públicos, Conagua trató de asignar tramos para derechos de vía del acueducto hacia León, propiedades de ejidatarios y ganaderos de San Juan de los Lagos, de otros particulares alteños y de particulares de León.Por si fuera poco, al menos dos dependencias federales le dijeron a Conagua que la construcción del acueducto era inviable. En mayo del año pasado Banobras le dijo a Conagua que la propuesta de la concesionaria para disminuir su aportación de capital y por tanto pedir más dinero público a fondo perdido hacían inviable el proyecto, y además porque Abengoa México había dejado de pagar el crédito simple que recibió de Banobras. El Fondo Nacional de Infraestructura negó recursos para el fideicomiso del acueducto debido, entre otras cosas, a tres obstáculos mayores al trazo por líneas de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, y por no conseguir derechos de vía en más de 33 kilómetros de la carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno.A pesar de todas estas anomalías financieras, los obstáculos físicos y las demandas jurídicas en su contra, Abengoa está exigiendo a Conagua que le pague una indemnización por más de cinco mil millones de pesos, sin haber construido un metro del acueducto. Es una locura, y sin embargo es muy probable que en un litigio legal, la empresa española gane la demanda y todo porque Conagua le renovaba los plazos de construcción argumentando entre otras cosas que no le entregaba “el uso y goce libre, pacífico, temporal y gratuito de por lo menos 60 por ciento de la totalidad del derecho de vía y de los terrenos”.Sin tener una sola gota de agua de este megaproyecto, los mexicanos hemos pagado miles de millones de pesos, y quieren miles más, a las empresas privadas involucradas en la obra. Debe detenerse este megaproyecto de irregularidades, y cancelarse la presa y el acueducto. (rubenmartinmartin@gmail.com)
