El viernes pasado hizo crisis en la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, otra de las múltiples expresiones delictivas de los grupos del crimen organizado: el llamado cobro por derecho de piso. Hartos de tener que compartir desde hace al menos una década el fruto de su arduo trabajo en la siembra y engorda de diversos productos agropecuarios con una célula de la mafia de “La Familia Michoacana”, comandada por “El Payaso”, que los extorsionaba y les exigía pagarles distintas cantidades por cada hectárea sembrada o kilogramo cosechado, y hasta por los migrantes que se iban a Estados Unidos, los habitantes de este pequeño poblado se armaron con piedras, machetes y viejas escopetas, y enfrentaron a más de una decena de sicarios fuertemente armados que los habían citado para despojarlos de parte de sus modestos ingresos.La desesperación, la impotencia y el coraje de verse por años abandonados por la autoridad, de este y de los anteriores gobiernos priistas, y vulnerables ante este cártel, los hizo hacerse justicia por su propia mano y a pese todas sus desventajas, abatir a 11 de sus explotadores, incluido “El Payaso”, con el costo perder a tres de los suyos.Tres días después de esta batalla, que hizo recordar los grupos de autodefensa de Michoacán surgidos desde el sexenio de Felipe Calderón hace más de 10 años, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió a Texcapilla, acompañada de su gabinete de seguridad, para reunirse con el alcalde Javier Lujano, luego de que desde el viernes que ocurrió el enfrentamiento se mandaron 600 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal. Como suelen hacerlo siempre los políticos y gobernantes, dijo que fortalecerán la vigilancia, y como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que atenderán “las causas que generan la violencia”. A los pobladores poco los reconfortó el discurso de la gobernadora. Ellos temen que venga la venganza en cuanto soldados y policías se vayan a apagar otro desafío del narco a otro lugar. No van a sus tierras, no abren sus negocios ni llevan a sus hijos a la escuela.Ese miedo que sienten en la comunidad de Texcapilla asoma en muchas otras comunidades del país. Como pasa aquí en Jalisco, en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ocotlán, Pihuamo, Lagos de Moreno entre otros.Si eso pasa en una comunidad de la Entidad más rica y poderosa del país, qué nos espera en otros municipios rurales y urbanos de Estados que también son víctimas de la extorsión desde hace años y que han pensado muchas veces también, sin hacerlo aún, tomar la justicia por ellos mismos, ante la pasividad del Gobierno federal, y de los gobiernos estatales y municipales.jbarrera4r@gmail.com
