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Martes, 20 de Agosto 2019
Ideas |

Disputa salarial dorada

Por: Jaime Barrera

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La eficiencia, credibilidad y transparencia del Poder Judicial en el país y en las entidades de la República está muy, pero muy lejos de la aplicación, diligencia y vigor que han desplegado algunos jueces, magistrados y ministros para tratar de preservar sus súper sueldos y otras canonjías. Se ven motivados como nunca para combatir la Ley Federal de Remuneraciones que promueve el nuevo Gobierno federal para que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijó como sueldo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese activismo contrasta con la indiferencia y las resistencias que han mostrado siempre para abrir el Poder del Estado mexicano más opaco, discrecional y opulento, que en mucho ha contribuido a tener los altos niveles de corrupción e impunidad que padece el país.

Esa falta de autoridad moral ha hecho que los representantes del Poder Judicial vayan perdiendo claramente en la opinión pública la batalla que han emprendido contra el Presidente por el tema de los sueldos.

En ese sentido, son un contrapeso muy débil para el Ejecutivo, y eso tampoco es una buena noticia para la nación. El Poder Judicial puede alegar intromisiones del Ejecutivo, pero también aparece con un claro conflicto de interés con la suspensión que hizo la Suprema Corte de Justicia de la aplicación de esta Ley que regula los sueldos, y ante la cual los ministros mostraron su desacuerdo desde julio pasado.

Por eso lo mejor que nos puede pasar como país es que esta disputa entre el Presidente y la Corte, sacuda al Poder Judicial para hacerlo que autorregule y elimine sus megasalarios y privilegios. Esas sanas y deseables decisiones podrían convertirse en los primeros pasos para que este Poder, a nivel federal y local, salga del desprestigio en el que está instalado desde hace décadas. Eso le daría un mucho mayor peso e influencia para episodios futuros de discrepancias con el Ejecutivo o el Legislativo.

Esto no quiere decir que AMLO tenga toda la razón, pero lo cierto es que regresar a los servidores públicos de los primeros niveles de responsabilidad a la honrosa medianía juarista, y acabar con los innegables e inaceptables excesos y lujos en el que incurren las autoridades de todos los poderes y niveles de Gobierno, es una exigencia social inaplazable.

Además de los aguerridos funcionarios judiciales, el Gobierno morenista deberá lidiar con muchos otros funcionarios y funcionarias con derechos laborales obtenidos y que han iniciado ya centenas de litigios para pelear contra la disminución de sus salarios.

Por ello, López Obrador tendrá que emplear todo su capital y talento político para no entrar a un callejón sin salida. Habrá que ser flexibles para que una iniciativa que ha detonado este muy necesario debate no se pervierta. Ni con funcionarios que busquen compensar la baja salarial con corrupción, ni con la pérdida de servidores públicos con una alta formación técnica y alejados de la grilla. Se deberá buscar la fórmula para fijar remuneraciones justas a la responsabilidad y labor que realizan, incluso más que la presidencial, sancionada por algún comité de valoración salarial independiente, que evite la fuga de talentos que degenere en un Gobierno con una administración y servicios aún más deficientes. Ese debe ser el reto.

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