La realidad y la narrativa natural o inducida muchas veces coinciden, pero en otras tantas divergen peligrosamente. En México, desde hace décadas, los grupos criminales han fortalecido su poder hasta convertirse en un factor corrosivo de las instituciones públicas. Lo que comenzó como la cooptación de algunos policías o funcionarios ministeriales se transformó gradualmente en el control -e incluso la dirección- de corporaciones policiales y fiscalías completas. Esa es la realidad que ha acompañado al desarrollo de las generaciones de jóvenes menores de 40 años.En ese proceso, el avance criminal no se detuvo ahí. Pronto llegó a los procesos políticos: primero con vetos a posibles candidatos, luego con condicionamientos a partidos, la infiltración en campañas y su financiamiento ilegal, la ocupación de espacios en cabildos y congresos locales, hasta la designación directa de funcionarios municipales. En varios municipios, los comicios se han cancelado de facto por la intervención del crimen organizado. Esos jóvenes vieron cómo convivían en sus fiestas los grupos afines a los delincuentes. Cómo la violencia los maniataba silenciosamente.Este proceso, incubado durante años, ha terminado por alterar radicalmente la vida cotidiana. Las comunidades que antes miraban de lejos el problema comenzaron a sufrirlo en carne propia: drogas, extorsión, trata de personas, reclutamiento forzoso de jóvenes, control territorial. El crimen se expandió desde las sierras remotas hasta las periferias urbanas. Cada vez más cerca, cada vez más dentro.Durante décadas, la prensa, la academia y organismos oficiales han documentado este fenómeno, en paralelo a la aplicación -insuficiente- de políticas de seguridad y justicia. A pesar de estrategias diversas, los resultados han sido fragmentarios. La violencia no solo no ha disminuido: se ha normalizado. Y con ella la presencia criminal en espacios públicos, privados, institucionales.Mientras tanto, la narrativa oficial insistió, una y otra vez, en que se combatía, se controlaba o se reducía la delincuencia, amparándose en operaciones puntuales o cifras parciales. Gobiernos de todo el espectro político lo han intentado. Pero en los pueblos, en las colonias, en las carreteras y en las familias, la frustración crece: los ciudadanos perciben la insuficiencia del Estado para protegerlos. De ahí se han desprendido fenómenos como las autodefensas o iniciativas ciudadanas desesperadas, como la encabezada por Carlos Manzo en Uruapan.El desafío que enfrenta México no admite evasivas: debemos recuperar los espacios hoy ocupados por el crimen. Es un problema estratégico, transversal y urgente. No se resolverá con esfuerzos aislados ni con discursos, ni eludiendo la dimensión internacional de las redes criminales que operan hoy en nuestro país.El momento exige un consenso mínimo: el Estado debe fortalecer su capacidad operativa, legal e institucional para combatir al crimen con toda la fuerza del derecho, respaldado por una ciudadanía impaciente pero consciente. Y esa respuesta debe contar con la cooperación internacional respetuosa, pues los mercados ilícitos, las rutas del tráfico y la violencia que los acompaña no conocen fronteras.La unidad es la única respuesta posible ante una amenaza que deja, poco a poco, de ser silenciosa. Mientras la respuesta pública se fragmente o se politice, serán los criminales quienes sigan marcando el paso. Nos enfrentamos, no a un problema ideológico o de afinidad política, sino de supervivencia institucional. Más que una lucha por controlar la conversación, lo que está en juego es la posibilidad de que el crimen se normalice como parte del paisaje nacional. México, unido, debe dar un paso al frente. No para actuar en la narrativa, sino para recuperar la realidad.luisernestosalomon@gmail.com
