La publicación de los llamados TelevisaLeaks en Aristegui Noticias desató todo tipo de furias, ataques y contrataques. En síntesis, lo que publicó Carmen Aristegui es que, a partir de un informante, ex trabajador de Televisa, recibió cinco terabytes de información sobre cómo se operaban campañas sucias desde la oficina de información de la televisora, asociados con otra empresa de difusión en redes sociales llamada Metrics to Index. Lo ilegal y lo inmoral consiste en que Televisa usaba a este grupo informalmente llamado “El Palomar” por la ubicación en que se encontraba la oficina (al pie de la torre de transmisión) para atacar a competidores, como Mega Cable, TV Azteca o Telmex, a periodistas que le son incómodos, entre ellos la propia Aristegui, y para vender servicios de difamación en beneficio de algunos políticos, entre ellos el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.A nadie sorprende que haya equipos de comunicación que se dediquen a la difamación de los enemigos políticos y periodistas. Muchos de los gobiernos de los Estados y el Gobierno federal lo tienen y lo pagan de nuestros impuestos. Es ilegal, es inmoral, se ha denunciado cientos de veces y, sin embargo, ahí están. Son mecanismos de contrainformación fuera de toda regulación. Lo relevante en el caso expuesto por Aristegui Noticias es que se trata de una empresa privada que opera una concesión de telecomunicaciones que, de acuerdo con el informante, ofrecía este tipo de servicios a funcionarios públicos y que algunos de ellos lo habrían contratado.La empresa se dedicó el día de ayer a negarlo y a descalificar al informante, Germán Gómez (ha tenido problemas psiquiátricos, dijeron, como si eso fuera sinónimo de poco confiable, fantasioso o mentiroso). Más allá del derecho a la defensa que tienen, por supuesto, la empresa Televisa y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, lo relevante es si existe o no una maquinaria para difamar a los enemigos de la empresa, lo cual podría constituir un delito, o si se usaron recursos públicos, en este caso de la Corte, para beneficio personal y para descarrilar o atacar adversarios políticos.Como siempre pasa en estos casos, seguramente la información más relevante está por salir. Es demasiado temprano para llegar a conclusiones. Lo que hay que tener claro al final del proceso es qué conductas, de uno u otro lado, pueden constituir delitos y, al tratarse de dos empresas de comunicación, Televisa y Aristegui Noticias, cuáles son éticamente inaceptables.Sea cual sea el derrotero de esta información, lo que hay que celebrar es que se acabó aquello de que “perro no come carne de perro”, un dicho que sintetizaba que los medios no vigilaban lo que hacían otros medios.diego.petersen@informador.com.mx
