El Senado retrasa la votación de la reforma de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el Gobierno federal, a fin de mejorar la redacción y que no quede ninguna duda de que la “Cuarta Trasformación” no censura a nadie, declaró Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos; mientras Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará que el dictamen “sea retirado del orden del día previsto para la sesión legislativa del próximo lunes para abrir un diálogo con todos los sectores”, ante las críticas de organismos y académicos.Explicaron que el polémico Artículo 109 de la ley se revisará para afinar su redacción y que no quede duda de que este Gobierno “ni censura ni ataca la libertad de expresión”. La organización Artículo 19 alertó que el dictamen será aprobado con premura, sin argumentos ni criterios. Indicó que entre las principales problemáticas se vislumbra, por ejemplo, que se administre el espectro radioeléctrico y se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público, permitiendo retirar concesiones a medios de comunicación independientes y críticos, bajo argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos.Para el politólogo Sandro Arreola, así como está la reforma, sin criterios ni normativas claras, representa un atentado más amplio contra los contenidos o la libertad de expresión. Por eso falta analizar cuáles serán los criterios a detalle. “¿Qué se podrá decir y qué no? Podría extenderse hasta los medios de comunicación y periodistas” la afectación.Jersain Llamas, académico de la UdeG, coincide en que el dictamen deja abierta la posibilidad a que las “autoridades” bloqueen plataformas digitales e impongan criterios arbitrarios en la generación de contenidos. “El punto rojo es el Artículo 109, que lo podríamos llamar como una censura previa”. Por otra parte, Ricardo Anaya, senador del PAN, sostuvo que estamos ante una “ley censura”, que concentra facultades en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para tener el control de todo lo que se dice. Lo más grave, acentuó, es la posibilidad de que las autoridades federales soliciten el bloqueo de una plataforma digital, bajo el procedimiento que determine la Agencia.Manuel Añorve Baños, senador del PRI, expuso que se utilizó el tema del spot antiinmigrante de Donald Trump para impulsar “el mayor retroceso” en materia de libertad de expresión. Remarcó que el Artículo 109 permite al Gobierno bloquear contenidos digitales “sin orden judicial, sin límites y sin contrapesos. Es un retroceso”.La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma.Con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, las comisiones unidas del Senado aprobaron en fast track el dictamen que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El documento, que no presentó cambios respecto a la iniciativa original enviada por el Ejecutivo federal, ha generado fuertes críticas de la oposición, que la califica como una ley de censura contraria a los principios democráticos.El dictamen fue aprobado con 29 votos a favor y nueve en contra por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos. Tras recibir su primera lectura en el pleno del Senado, se prevé que sea discutido proximamente.Entre los puntos más controvertidos de la iniciativa se encuentra la posibilidad de que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -órgano que será creado con la promulgación de la ley- tenga facultades para bloquear plataformas digitales o rescatar concesiones de radio y televisión, sin necesidad de una orden judicial y con base en criterios que, según legisladores de oposición, carecen de contrapesos institucionales.Durante el debate en comisiones, el senador panista Ricardo Anaya Cortés afirmó que la nueva legislación representa un riesgo para la libertad de expresión. “Estamos ante una ley censura que concentra facultades en una agencia que podría controlar todo lo que se dice. Lo más grave es que se abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales con procedimientos que determinará la propia agencia”, señaló.Por su parte, el senador priista Manuel Añorve Baños cuestionó el uso del spot antiinmigrante de Donald Trump como justificación para avanzar en lo que calificó como “el mayor retroceso en materia de libertades” en años recientes. Añorve advirtió que el artículo 109 del dictamen permite al Gobierno bloquear contenidos digitales “sin orden judicial, sin límites y sin contrapesos”.“El artículo 109 le da al Gobierno el poder de censurar redes sociales, páginas web, aplicaciones, sin mandato judicial, sin límite de tiempo ni procedimientos claros. Es un retroceso autoritario”, sostuvo.En una línea similar, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se trata de “un asalto a la libertad de expresión en redes sociales” que podría tener consecuencias graves para el debate público y la pluralidad de voces.En contraste, legisladores oficialistas defendieron el contenido del dictamen. Lizeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo, aseguró que el propósito de la ley no es censurar, sino proteger la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras y garantizar la cohesión social. “La televisión, la radio, la prensa y las redes sociales tienen un poder inmenso, y el Estado debe actuar cuando ese poder se usa para dividir o sembrar odio entre el pueblo”, expresó.El dictamen contempla la posibilidad de que la nueva agencia pueda, de oficio, cambiar o rescatar bandas de frecuencia, recursos orbitales, o incluso concesiones, bajo argumentos como el interés público, la seguridad nacional, la introducción de nuevas tecnologías o el cumplimiento de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.También se establece la opción de “rescatar” concesiones para el reordenamiento de bandas de frecuencia o para asegurar la continuidad del servicio público. Además, la propuesta prevé sanciones de hasta 5% de los ingresos de concesionarios que transmitan contenidos que sean considerados violatorios del marco legal, como respuesta al caso del spot estadounidense difundido en televisión mexicana.El senador Agustín Dorantes, también del PAN, reiteró el rechazo de su bancada y subrayó que, si bien están en contra de cualquier intromisión extranjera en medios nacionales, la solución no puede ser una legislación que permita al Gobierno bloquear contenidos sin reglas claras.“Bajo el pretexto de impedir intromisiones inaceptables, se nos presenta una ley que otorga a una agencia del Gobierno la facultad de decidir qué plataformas cerrar, con base en sus propios lineamientos. Eso puede usarse para silenciar voces críticas”, advirtió.LA VOZ DEL EXPERTOSandro Arreola, politólogo.Tal como está propuesta, sin criterios ni normativas claras, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un atentado contra los contenidos que podrán ser transmitidos en televisión, radio, plataformas y redes sociales en México, señaló el politólogo Sandro Arreola.“Habrá que ver cuáles van a ser los criterios y quién los va a definir. La ley establece que será la Agencia de Transformación Digital, pero ¿qué se va a poder decir y qué no? ¿Qué se va a considerar como propaganda censurable y qué no? Aquí se va a desatar la polémica. Pero incluso podría extenderse a medios de comunicación y periodistas. Ya vemos que algunos reporteros son señalados por el grupo en el poder, Morena y sus aliados, y ahora contarán con posibilidades legales no sólo de censurar, sino de ‘desconectar’ a estos programas y comunicadores”, comentó.Además, con la creación de una nueva agencia rectora que regulará los contenidos y entregará concesiones, se abre la posibilidad de que el Gobierno determine qué se transmitirá en radio o televisión, así como qué plataformas podrán seguir operando y cuáles serán “bloqueadas temporalmente”, explicó el experto.Luego de la polémica generada por este artículo en particular, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se frenará la aprobación de la reforma en el Senado de la República y se convocará a un parlamento abierto para discutir la iniciativa de ley.“Es la extinción del modelo anterior, que era un instituto con cierta autonomía, para dar paso a una agencia o dependencia del Gobierno mexicano. Se busca instaurar un modelo que, pareciera, está más enfocado en la regulación de los contenidos”, concluyó.Jersain Llamas, académico de la UdeG.Ante la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Jersain Llamas, académico de la UdeG, advirtió que deja abierta la posibilidad a que “autoridades competentes” bloqueen plataformas digitales e inclusive, impongan criterios arbitrarios en la generación de contenido.“El punto rojo es el artículo 109, que lo podríamos llamar como una censura previa. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones va a poder bloquear plataformas digitales completas a petición de ‘autoridades competentes’. El problema es que no dicen quiénes son las autoridades competentes, que podrán actuar sin orden judicial. Claramente puede violar los principios de constitucionalidad y los estándares internacionales de libertad de expresión”, apuntó.Además, identificó cuatro puntos más que también representan un riesgo: discrecionalidad regulatoria, es decir, que en la reforma no se especifica cuáles serán los criterios o parámetros de bloqueo; la posibilidad de que el Gobierno cuente con un registro masivo de todos los usuarios, los posibles apagones de internet, como una medida de seguridad, y la concentración de poder en un solo instituto dependiente del Gobierno federal.Si bien la Presidenta frenó la aprobación fast track en el Senado y llamó a un parlamento abierto para discutir la iniciativa, el experto pidió que la discusión contara con representación de todos los estados con la intención de incluir la mayor cantidad de ideas, posturas y soluciones a la propuesta.“Es buena la discusión pero tiene que ser abierta, tiene que haber un contrapeso, una antítesis. Esa confrontación es lo que enriquece el verdadero debate. La cuestión de la representación federativa hay que tenerla en cuenta” señaló. ORGANISMOS PÚBLICOS
