Son días aciagos para la mayoría de los mexicanos. Como si de una vez hubieran desnudado sus verdaderas intenciones, los poderes públicos y los poderes fácticos que los sostienen, impulsaron un conjunto de legislaciones que favorecen la explotación, atentan contra la libertad de expresión y se encaminan a una militarización de la sociedad y la represión de las disidencias políticas. Y todo mediante procesos antidemocráticos y bajo el manto de la impunidad a la corrupción.En apenas unos días el poder Legislativo dio entrada a una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo que atenta contra los derechos laborales de 40 millones de mexicanos; aprobó la Ley de Seguridad Interior que legaliza la ilegal presencia militar en las calles y faculta al Ejecutivo a crear estados de excepción de facto y reprimir la protesta social; se aprobaron cambios al Código Civil Federal diseñadas para penalizar la libertad de expresión en todos los medios, incluido Internet y las redes sociales. Y como cereza de este pastel de antidemocracia, corrupción e impunidad, se perdonan los delitos cometidos por Elba Esther Gordillo, al concedérsele “prisión domiciliaria” en algunos de los lujosos palacetes que se compró con dinero mal habido.Cada una de estas decisiones afectan en menor o mayor medida a la mayoría de los mexicanos, y son legislaciones sobre asuntos esenciales para la vida diaria de la sociedad. Es, sin embargo, la Ley de Seguridad Publica la más peligrosa, puesto que ha sido diseñada para un control militar y autoritario de la sociedad por parte de la minoría gobernante ilegítima.No estoy de acuerdo con quienes sostienen que se trata de una ley pensada para reprimir protestas de un presunto fraude electoral que pudiera cometerse en los comicios del próximo año. Basta recordar cómo los antiguos adversarios de 2006 (PAN y PRD) ahora son socios del negocio electoral.La Ley de Seguridad Interior podría reprimir protestas sociales, pero parece más bien diseñada para asegurar, mediante la violencia y represión, el siguiente ciclo de negocios que son producto de las reformas estructurales: los negocios de la explotación energética (petróleo, gas, eólicas, hidroeléctricas), mineros, de privatización del agua, costas, bosques y espacios urbanos para la especulación inmobiliaria. Las herramientas represivas y de control territorial que la Ley de Seguridad Interior concede al ejecutivo en turno, es el complemento perfecto de la reforma energética, de las Zonas Económicas Especiales y de los cambios de uso de suelo que están permitiendo entregar las ciudades al capital inmobiliario.Tiene razón Edgardo Buscaglia al recordar que la definición de seguridad de la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse, se parece al Regio Decreto 773 del fascista Mussolini (Leggi Di Pubblica Sicurezza) que en algunas partes sigue vigente en la Italia contemporánea y que recientemente fue desempolvado para reprimir el pueblo de Melendugno, en resistencia de su territorio que está en riesgo por el Gasoducto Transadriático (TAP) de gas natural desde Grecia, al occidente de Europa, vía Italia.De modo que estas aciagas legislaciones aprobadas por los poderes públicos mexicanos nos recuerdan el verdadero carácter de esta guerra que existe en México: los ciclos de acumulación de capital se acompañan, regularmente, de dosis mayores de violencia. Para eso se preparan los poderes y para eso son sus leyes.
