Deseando a todos los mexicanos salud y fuerza, les comparto unos datos interesantes que encontré. No es novedad que en México existe una desigualdad sumamente notoria entre hombres y mujeres en distintas áreas del sector público y privado. Esta desigualdad de género debe ser entendida como la manifestación social, cultural y económica en la que se presenta discriminación entre las personas debido a su género. Concentrémonos en la arista laboral de esta problemática en nuestro país. Una serie de informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestran, de manera clara, la discriminación laboral que sufren las mujeres desde hace décadas en el territorio mexicano. Tomemos como ejemplo algunas de las cifras reportadas de cuatro entidades federativas: Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Colima. Según el Instituto Nacional de Mujeres, en Jalisco la participación económica de mujeres mayores de 15 años es únicamente de 47.24%. Colima, por otro lado tiene una mayor participación que Jalisco con 54.59%, mientras Guanajuato tiene una participación de 44.86%. En Chiapas esta participación es mucho más baja, situándose en 33.68 por ciento.A lo largo de los años se han hecho una serie de esfuerzos de buena fe, pero sin muchos resultados, para mitigar esta situación desfavorable para las mujeres. Según el informe “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas, actualmente a nivel global la tasa de actividad de las mujeres de entre 25 y 54 años oscila en 63%, comparado con un 94% de los hombres. Esto significa que, de cada 10 mujeres, únicamente seis se encuentran desarrollando algún tipo de actividad destinada a fines laborales. Estas cifras son alarmantes y señalan claramente la importancia de replantearnos la manera en la que observamos la desigualdad de género en materia de trabajo. Es imperativo fomentar una participación más activa por parte de las mujeres y erradicar tanto la discriminación estructural como cualquier tipo de impedimento que puedan tener para lograr una voz activa en cada estrato económico. El 12 de marzo de 2020 se dio la aprobación de reformas por parte del Senado de la República para erradicar la violencia política en contra de la mujer. Dentro de los aciertos de esta reforma se encuentra la idea de que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad de género dentro de sus candidaturas. Además, se habló del planteamiento de un lenguaje inclusivo en la Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres y Hombres. Independientemente de las leyes que vayan surgiendo, los líderes locales y empresarios deben tomar esto en cuenta al contratar a una mujer y brindarle las mismas oportunidades económicas y participativas.
