En un informe presentado el pasado 13 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sale al paso para exculpar al actual gobierno federal de que existan desapariciones forzadas en el país y para alegar que no es necesaria la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a partir de la solicitud del Comité de Declaraciones Forzadas de la ONU. Con esto, la CNDH terminó de enterrar la poca credibilidad que tenía, si es que le quedaba.Con este informe (“Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”), la CNDH vuelve a anteponer la defensa del Gobierno en turno a ponerse del lado de las víctimas, en este caso de las madres buscadoras y colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos.Pero la postura de la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se puede contradecir justo con las propias recomendaciones que ha emitido sobre desapariciones forzadas. Para no abarcar todo el país, revisé tres recomendaciones emitidas por la agencia defensora de derechos humanos en tres distintos sexenios, incluido el de Andrés Manuel López Obrador. La primera recomendación citada es la no. 34/2012 emitida el 11 de julio de 2012 por un caso de la desaparición masiva de seis personas cometida por parte de un comando de 16 soldados el 1 de octubre de 2010, en Jilotlán de Los Dolores.En la recomendación del caso, la CNDH constató que “los elementos castrenses se introdujeron al mismo (domicilio) de manera arbitraria y permanecieron ahí por aproximadamente una hora, tras lo cual sacaron a los civiles y los subieron a los vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevándoselos con rumbo a la salida de la ciudad de Tepalcatepec, Michoacán”. Aunque inicialmente negaron que se hubieran llevado a los detenidos, en declaraciones posteriores los militares admitieron que los sacaron de Jilotlán de Los Dolores con dirección a Tepalcatepec, “hasta llegar a una brecha donde cruzaba un río, lugar en el que los desamarraron y abandonaron”. Pero desde entonces no se tiene noticia de la desaparición forzada de estas seis personas. Ocurrió en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. En el sexenio siguiente, del priista Enrique Peña Nieto, ocurrió otro episodio de desaparición forzada de tres jóvenes y la posterior ejecución extrajudicial de dos de ellos, en Tepatitlán de Morelos, el 27 de enero de 2020, cometida por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional adscritos al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Los jóvenes ejecutados fueron Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, y Luis Enrique Machuca Martín, de 19. El tercer joven que sufrió la desaparición forzada y torturas quedó gravemente herido, pero con vida. Abraham Rodríguez, padre del primer joven asesinado se encargó de reconocer los cuerpos y esto dijo al semanario Proceso en su momento: “Abraham reconoció los cuerpos. Ese mismo día se los entregaron. El acta de defunción de Junior dice que sufrió ‘muerte violenta’ por lesiones y luxación en cervicales. Le rompieron el cuello y tanto él como su primo fueron torturados”. Por este caso de desaparición forzada, cateo ilegal, detención arbitraria, tortura y violencia sexual, la CNDH emitió la recomendación no. 54 /2017 el 9 de noviembre de 2017.El tercer caso de desaparición forzada fue cometido por integrantes de la Secretaría de Marina en contra de un padre de familia, a quien detuvo y sacó violentamente de su domicilio en Villa Purificación, Jalisco, ocurrida el 17 de diciembre de 2017. La CNDH logró confirmar que en este caso de desaparición forzada se acreditaron “violaciones graves a los derechos humanos”. Si bien esta desaparición ocurrió en el sexenio del priista Peña Nieto, la CNDH emitió la 58VG/2022 “por la detención arbitraria y desaparición forzada de una persona” el 17 de junio de 2022 durante el gobierno de López Obrador y ya con Rosario Piedra Ibarra como presidenta de CNDH. Estos tres casos confirman, por sí mismos, la existencia de desapariciones forzadas en México, tanto en sexenios anteriores como en los de la Cuarta Transformación. Negarlo solo empeora el problema. Se tiene que reconocer que agentes estatales siguen cometiendo este delito inhumano y es hora de detenerlo y erradicarlo. Ya es tiempo.
