Lo que pasó en el palenque de Texcoco, donde los asistentes con boleto pagado en un “concierto” de Luis R. Conriquez se convirtieron en una turbamulta que destruyó todo lo que tuvo a su alcance porque no se cantaron corridos tumbados, protagonizaron una escena que se repetirá en diferentes escenarios del país, y es la prueba más clara de que la autoridad tiene razón: deben cerrarse los espacios a las expresiones de cultura popular que enardecen a sus consumidores y los convencen de actuar como lo hicieron esos espectadores.Sobre el tema, se han escuchado argumentos de todo tipo:No debe prohibirse ninguna expresión artística porque entonces se combate un mal con otro: prohibir la libre expresión.Es absurdo creer que si alguien gusta de corridos tumbados y narcocultura, tomará una metralleta y se convertirá en sicario.Son conservadores y autoritarios quienes pretenden imponer su visión de la “buena música” a los demás.Y la lista de argumentaciones se hace prolonga sin fin.Y no, estos argumentos no se exponen en foros universitarios donde se presenten estudios sociales sobre cultura popular o el origen de la violencia. Tampoco los exhiben en publicaciones conocidas, donde los autores de tales ideas se identifiquen y justifiquen sus posturas con un mínimo de razonamientos, sujetas al juicio de otros.No, estos argumentadores se manifiestan en las redes sociales. Sus publicaciones son tajantes y ofensivas; confunden la gimnasia con la magnesia.Lo primero que debe tomarse en cuenta es que, por más reproducciones que tengan en Spotify los corridos de Luis R. Conriquez o de Los Alegres del Barranco, sus expresiones musicales no ganan más reputación ni justifican sus contenidos.Si millones de personas salen a las calles en una marcha que se ampare en el derecho constitucional de la libre manifestación para exigir que haya conciertos de corridos tumbados, no tendrán más razón que la autoridad que los prohíbe.No es así como deben aplicarse las normas.Los narcocorridos y en general las expresiones musicales que elevan la cultura del narco y a sus personajes al nivel de héroes sociales, están prohibidos y penados. Eso es un delito y llegamos a ese nivel de prohibición por hechos tan obvios como la violencia que se vive en el país, los miles de desaparecidos, los homicidios, las extorsiones, las agresiones a la propiedad de las personas. Se condena la narcocultura porque promueve antivalores y destruye los cimientos sociales.Es así de simple.La prohibición de estos espectáculos en espacios públicos, donde se cobra el ingreso y se generan fortunas, provocará molestia y reclamos.Pero el siguiente paso que deben dar las autoridades es regular a los promotores y productores de espectáculos.Detrás de un concierto de cualquier cantante que promueve la narcocultura o que violenta a la mujer y la convierte en un objeto sexual o que exalta la violencia, hay toda una maquinaria de publicidad, toda una industria de “entretenimiento”.Todos los promotores de estos espectáculos, ¿le venden al pueblo lo que pide? ¿O convencen al pueblo de que eso es lo que quieren?No basta con la redacción de un artículo en el Código Penal. Si las autoridades, apoyadas en sus facultades y construyendo acuerdos sociales, intervienen para que los medios de entretenimiento regulen sus contenidos, sí generarán cambios en el consumo cultural.Las diferentes expresiones de la cultura popular no brotan con la humedad ni son espontáneas; siempre hay quienes detrás, con influencia y poder, impulsan algunas y rechazan otras.
