La guerra informal que lacera a Jalisco sigue causando bajas y dejando familias incompletas y destrozadas por los zarpazos de la violencia. El episodio en el que el adolescente Eduardo Salomón Puertos Gaytán fue herido de muerte y desaparecido en su propio domicilio, mientras cuidaba a cuatro hermanos menores de edad, es un hecho de extremo dolor para sus familiares y para el resto de la sociedad, porque revela no sólo la precariedad de la vida, en este caso del joven Eduardo, sino además la extrema ineficacia e incapacidad del gobierno estatal para impedir que hechos tan lamentables y dolorosos sigan ocurriendo en Jalisco.El episodio de la desaparición y posterior asesinato de Eduardo Salomón, como en el caso de los hermanos González Moreno, muestra que ni siquiera en la propia casa pueden los habitantes este estado sentirse y mantenerse seguros. Estos episodios de personas literalmente arrancadas de su hogar, que cada vez son más frecuentes, revela además la magnitud del problema de las desapariciones en Jalisco.La inmensa movilización de la familia y los vecinos de Eduardo Salomón, y el desgarrador testimonio del padre que imploraba el regreso de su hijo y a cambio ofrecía que no perseguir a sus captores, desató oleadas de solidaridad, pero a la vez manifestaciones de impotencia, frustración, seguidos de ira y rabia manifestadas en redes sociales.El espacio mediático que ganó este caso y las muestras de solidaridad que recibió, empujaron al gobierno del estado a dar una pronta respuesta a esta investigación. Lamentablemente, como se sabe, el desenlace fue fatal. Eduardo Salomón fue encontrado en una finca del centro de Tlajomulco de Zúñiga, junto a otro cuerpo hasta ahora no identificado, y en el lugar se encontraron ropas y herramientas que hacen suponer que la vivienda era un centro de exterminio, a espaldas de la sede de la Fiscalía Regional. De modo que el caso revela, otra vez, las redes de impunidad que protegen a los grupos del crimen organizado, y los que operan también desde las corporaciones policiacas, que están participando en el fenómeno de la desaparición forzada de personas.Tras la aparición sin vida del adolescente Eduardo Salomón, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez envió mensaje en sus redes sociales manifestando su preocupación en el caso, y ayer martes en un mensaje junto al nuevo fiscal Joaquín Méndez, el titular del Ejecutivo informó de la detención de un presunto asesino del joven victimado en Tlajomulco. Y aprovechó ese anuncio para regañar a quienes usen el caso de Eduardo Salomón para golpear políticamente.Así se repite una vez más, la respuesta del actual gobierno ante los casos que ganan peso mediático. Pero una vez pasada la ola de atención a esos casos, como ocurrió con el la desaparición de los tres hermanos González Moreno en mayo de 2021, parece que el gobernador y las instituciones encargadas de evitar e investigar las desapariciones regresan a su rutina burocrática.El gobierno del estado no parece tener magnitud del fenómeno de las desapariciones en el estado. Jalisco no es sólo el estado con más desaparecidos de todo el país, es también uno de los territorios del mundo donde más desaparecen personas, según los datos comparativos que se pueden hacer con otras naciones. Hay un fenómeno particular que ocurre en Jalisco que influye notablemente en la reproducción de este fenómeno y este es la impunidad así como la infiltración de las instituciones encargadas de combatir este delito. ¿Cómo la fiscalía del estado va a dar resultados en buscar a los desaparecidos, detener a quienes cometen estos delitos y desmantelar las redes de macrocriminalidad que cometen estos actos si la propia fiscalía está infiltrada por el crimen organizado?, como admitió el propio gobernador en junio de 2021. El gobierno del estado y el propio Enrique Alfaro debieran admitir el tamaño del fenómeno que se enfrenta y modificar sustancialmente la estrategia. Para empezar, atendiendo y recibiendo a los familiares de los desaparecidos. Habiendo mesas para todos los asuntos, no es explicable que no exista una mesa de atención a todos los colectivos de familiares de desaparecidos que existen en el estado. Y el propio gobernador debería involucrarse directamente en la atención de los casos, movilizando más recursos para resolver las desapariciones pasadas e impidiendo el crecimiento de los casos. Pero todo pasa por admitir que existe una crisis por desapariciones, que hasta ahora no se ha admitido. Queda presionar desde la sociedad para detener esta guerra informal que carcome a toda la sociedad.
