El enfrentamiento entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara sumó dos episodios más en los últimos días, escalando la tensión y alejando cada vez más la posibilidad de una solución al conflicto que estalló en agosto por la quita presupuestal de 140 millones de pesos que la casa de estudios había recibido del erario estatal para la conclusión de la primera fase del Museo de Ciencias Ambientales.Han sido tres meses de intercambio de señalamientos y ayer el gobernador Enrique Alfaro volvió a reiterar que no habrá “ni un peso” para ese proyecto.“Vamos a crecer el monto en infraestructura educativa pero no va a haber para museos; lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para estudiantes. No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocio con el dinero de los jaliscienses”. Esta nueva alusión y embestida contra el líder político del grupo que desde hace tres décadas controla la universidad pública del Estado, el ex rector Raúl Padilla López, su aliado político en los últimos años hasta poco antes de la elección de junio pasado, viene después de que el viernes pasado el Comité Universitario de Análisis sobre asuntos de interés público en materia de desaparición de personas diera una rueda y emitiera un comunicado de dos cuartillas y media donde reprueba severamente la política y estrategia de seguridad del gobierno alfarista.En el documento titulado “Sobre la violencia y la desaparición de personas en Jalisco en el marco del Tercer Informe del gobernador Enrique Alfaro”, académicos y expertos en seguridad de la UdeG le piden mesura, no mentir ni omitir cifras ni temas como el de la infiltración delincuencial en las policías, en sus balances de seguridad; sensibilidad frente al dolor de miles de familias afectadas; y mayor responsabilidad frente al grave problema de violencia y desapariciones en Jalisco.En un tono de desaprobación jamás visto, la UdeG se sumó así a voces como las de las organizaciones sociales y de familiares víctimas de desaparecidos que criticaron el triunfalismo en materia de seguridad por parte del gobernador. Entre otras cosas, los especialistas en seguridad de la UdeG reprochan que el gobierno estatal maneje las cifras a “conveniencia”, que en su informe Alfaro haya omitido que Jalisco es número uno en desparecidos con tres mil 928 en lo que va de su gobierno, que al cártel que domina Jalisco no se le ha combatido y que esa organización podría estar de la reducción de ciertos delitos que presume la autoridad estatal, y lo más grave, que pudiera haber una “tregua precaria impuesta por el crimen organizado”. Critican también que el mandatario vincule con las mafias a víctimas con ciertos indicios de violencia, ya que “ofende la memoria” de estas personas y las revictimiza, y que localizar fosas clandestinas, lejos de ser un logro, constituye un fracaso de la estrategia para detener a la “industria de la desaparición y el exterminio”.Por lo grave de la crisis de inseguridad y violencia que padecemos, y abierto este crudo diagnóstico, ojalá pasemos de los dimes y diretes entre gobierno estatal y la UdeG a un debate a fondo de la principal preocupación de los jaliscienses, que es su seguridad.jbarrera4r@gmail.com
