¿La cárcel castiga la pobreza? La cárcel castiga la pobreza. Las estadísticas lo gritan. También la historia de Daniel García y Reyes Alpízar, que ostentan el degradante récord en México de haber pasado más tiempo en prisión preventiva sin una sentencia: 17 años. Daniel y Reyes fueron detenidos por el asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamés, regidora panista de Atizapán. Los policías judiciales del Estado de México utilizaron el método más infalible y antiguo del sistema de procuración de justicia en este país: la tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, organismos gracias a los cuales Daniel y Reyes abandonaron la cárcel hace tres años, documentaron un catálogo criminal de violaciones a los derechos humanos durante su arresto: golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras, inyecciones y la prisión preventiva oficiosa. ¿Las pruebas en su contra? Una inverosímil conversación callejera de tres testigos que, según los judiciales, escucharon a ambos confesar el crimen. Tras su excarcelación, la CIDH inició un litigio contra el Estado mexicano por el caso, lo que podría derivar en la petición a México de que elimine la prisión preventiva oficiosa por “inconvencional” (sólo se dejaría la prisión preventiva justificada a partir de las pruebas presentadas por el MP). Este debate se empata con la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para el lunes 5 de septiembre, en donde los ministros discutirán si se elimina la prisión preventiva de oficio de un catálogo de 20 delitos (ampliado en este sexenio) que van del homicidio al robo a casa habitación. La postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido en contra de eliminar esta figura lesiva para los derechos humanos de los detenidos. Sostiene que esta decisión generaría mayor impunidad y beneficiaría a los delincuentes. En el país hay más de 92 mil presos en espera de una sentencia. La mayoría están allí por robo, violencia intrafamiliar, posesión simple de narcóticos y homicidio. Cerca del 90% son hombres y mujeres de escasos recursos que en muchos casos no ameritaban prisión preventiva al tratarse de delitos menores. Su mala suerte consistió en que los defendió algún abogado de oficio, esas máquinas sobresaturadas y “entrenadas” para perder casos por millares, o que no tuvieron el dinero suficiente para “aceitar” el sistema y acelerar su expediente. La prisión preventiva oficiosa, una “forma jurídica tóxica” que no existe en países de Europa o en EU, evita al Ministerio Público la enfadosa tarea de investigar un delito. Lo habilita para aplicar la presunción de inocencia a la inversa: eres culpable hasta que demuestres lo contrario. También le sirve a las fiscalías para ocultar su incompetencia, pues en este país creemos que encarcelar a un inocente es sinónimo de justicia. Por eso alarma la postura contradictoria de AMLO. Por un lado, promociona una ley de amnistía para liberar a presos torturados y sin sentencia, pero por el otro, defiende la prisión preventiva de oficio, una figura que ha generado ese problema que intenta resolver con su ley de amnistía. El especialista Guillermo Zepeda Lecuona lo ha calificado como “esquizofrenia penitenciaria”. En sus análisis, la reforma propuesta por AMLO que en 2019 amplió el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva automática generó alrededor de 19 mil presos. En cambio, su ley de amnistía liberará a alrededor de 300 internos. Ante la presión internacional, la Fiscalía del Estado de México liberó a Daniel y Reyes en 2019, pero después un juez los sentenció a 37 años de prisión, pena que les conmutaron por arresto domiciliario y un brazalete electrónico. Impugnaron el fallo, pues se dicen inocentes. Su pesadilla no ha terminado.
