A fines de enero, cuando el Gobierno de China tomó medidas para contener la expansión de la epidemia del COVID-19, ordenando confinar a millones de personas, el mundo se sorprendía y llamaba draconianas a las medidas. Para el 4 de marzo en la provincia de Lombardía, en Italia, se disponían restricciones parecidas y el 10 se extendieron a todo el país. Ahora miles de millones tenemos restricciones voluntarias u obligatorias. En horas, libertades de trabajo, movilidad, comunicación, asociación y expresión fueron limitadas en el mundo. Al mismo tiempo se pusieron a disposición de la autoridad una cantidad enorme de facultades para combatir la pandemia. Un cambio de realidad jurídica sin precedentes en el mundo.Hay un amplio consenso respecto a la justificación y la pertinencia de las medidas; sin embrago crece la preocupación con respecto a la forma como dejarán de usarse estos poderes excepcionales y cómo será una vuelta a una normalidad que necesariamente tendrá otros parámetros sociales, económicos y políticos.Naciones como Israel o Corea del Sur han sido especialmente efectivos en el uso de la tecnología para la llamada trazabilidad de los casos declarados, mediante el uso de datos personales de los usuarios de teléfonos, computadores y aplicaciones en internet. El tema es si sólo usarán esa información para el combate a la enfermedad, o una vez pasado el límite la pueden utilizar para fines de control social o político. Muchas facultades extraordinarias están siendo ejercidas para confiscar equipo médico, medicinas, máscaras y respiradores mecánicos. En Francia, la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, se vio obligada a declarar que el estado de derecho no está en cuarentena en una entrevista al periódico Le Monde. El Gobierno de Turquía, de facto ha requisado un envío de respiradores comprados por España en una escala técnica en su territorio, y muchos gobiernos han dispuesto la prohibición de exportar material médico.En un ámbito más cercano, el presidente Trump ha suspendido la actividad de las cortes de migración dejando a decenas de miles de personas en espera de audiencias en territorio mexicano.Y muchos mexicanos que trabajan ilegales en Estados Unidos fueron declarados esenciales para que no dejaran de trabajar en campos agrícolas. Aquí mismo se han suspendido los términos judiciales y se discute el alcance de las disposiciones para evitar que los trabajadores sean despedidos.Nunca, como ahora, la humanidad ha requerido una respuesta global a un problema. El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las instituciones internacionales y al mismo tiempo ha mostrado la fragilidad de los mecanismos nacionales. Con lo que podemos vislumbrar ahora mismo, la respuesta internacional no se limitará a medidas para proteger la salud, sino que necesariamente implicará asuntos económicos y financieros para lidiar con las consecuencias de este episodio tan dramático como profundo.Las respuestas globales o internacionales supondrán también instrumentos jurídicos para asegurar la disposición de equipo, medicinas, patentes y servicios, como para tener acceso a fondos que impondrán formas y modelos por encima de las naciones. Muchas de las reglas que regirán la nueva realidad para salir de la crisis están por definirse en los organismos internacionales quienes tienen la oportunidad de convertirse en mecanismos de solución y en defensores de los derechos fundamentales ante la emergencia de radicalismos y posiciones que intentan poner condiciones irreductibles, o simplemente ceder.Aunque no sabemos en realidad la profundidad de la crisis, si sabemos que salir de ella no será una cuestión de voluntad local, sino que es necesario un acuerdo mundial del que surgirán nuevas disposiciones unas legales y otras de facto. Por eso ahora se requiere una conciencia global y una capacidad de acción local para defender las libertades y evitar las tentaciones autoritarias. Es positivo que México se mantenga lejos de los mecanismos coercitivos del estado de excepción.Cualquier limitación a los derechos fundamentales tiene por definición que ser temporal.Si dejamos que las pérdidas de hechos se conviertan en normalidad, estaremos entregando un mundo menos libre del que recibimos, a las nuevas generaciones. La defensa de la vida y la salud requieren de sacrificios. Nos corresponde ser solidarios y al mismo tiempo defender el derecho, como el único instrumento que nos permite la convivencia en libertad.
