El lunes por la noche, en el programa semanal En Plural, de Televisa Guadalajara, le pregunté al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que si atracos y burlas como las cometidas con el Consejo de la Judicatura por la bancada del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local, no afectarían a las y los candidatos de ese partido en las próximas elecciones del 2021.Me contestó que no, pero que por eso él estaba convencido que, de entrada, la o el próximo candidato naranja para Zapopan no podía ser ningún diputado o diputada local actual sino un perfil ciudadano venido de la iniciativa privada o de alguna organización de la sociedad civil. Esa respuesta deja claro cómo incluso al interior de los partidos están midiendo ya el riesgo electoral que significa el desprestigio creciente de sus diputados y diputadas de la Legislatura LXII por todos los excesos cometidos.Sin duda la gota que derramó el vaso y colmó la paciencia de muchos ciudadanos fue este último escándalo con el que exhibieron sin pudor alguno su desprecio por los votantes que dicen representar y su ambición desmedida al desacatar las reglas que ellos mismos habían decretado con el fin de imponer a sus cuates Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Iván Novia Cruz y Claudia Esperanza Rivera Maytorena, quienes llegan en calidad de impresentables al Consejo de la Judicatura.Y es que la irritación social por este asalto ideado en los sótanos del poder naranja con la decidida e incondicional participación de los panistas, y hasta priistas, no para. Primero fueron los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quienes hicieron la también ignorada evaluación de los perfiles de los candidatos, los que al día siguiente reprobaron en un comunicado el actuar de las y los legisladores. Ayer se sumaron a estos reclamos las cinco universidades más importantes del Estado, que formaron parte del Comité de Evaluación para la elección de los consejeros a la Judicatura, por invitación de la propia Legislatura LXII. La Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, la Univa, el ITESO y el Tec de Monterrey publicaron ayer un desplegado en el que defienden el trabajo de sus representantes, lamentan el trato que les dieron diputados y diputadas, y manifiestan su desacuerdo con el hecho de que se haya ignorado el proceso de evaluación y el examen.La pregunta ahora es si en el Congreso local seguirán con oídos sordos a los reclamos, ahora que quienes levantaron la voz fueron estas cinco instituciones educativas, en las que hay muchas voces internas que hablan de la necesidad de pasar a las movilizaciones de sus comunidades estudiantiles para no dejar pasar esta afrenta de los diputados y las diputadas.Ojalá esto no sea necesario y las y los integrantes de la Legislatura LXII muestren un mínimo de sensibilidad política y reviertan esos cuestionados nombramientos y repongan el proceso. No hacerlo puede grabar para siempre sus nombres en el repudio social y sepultar sus aspiraciones políticas futuras.jbarrera4r@gmail.com
