¿Recuerda el escándalo de los spots antiinmigrantes del Gobierno de los Estados Unidos en la televisión abierta de México? Aquel episodio dio pie para que Morena impulsara en el Congreso una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que, lejos de fortalecer la infraestructura digital, parece diseñada para estrechar el control estatal.Este fin de semana se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión a nivel nacional y, con ello, se reavivan las tensiones por una ley autoritaria que se ve más cerca de ser aprobada que desechada -como lo vivimos con otras reformas, como la judicial-.El aspecto más inquietante de esta iniciativa es la creación de la llamada Agencia de Transformación Digital, que estará dotada de atribuciones ilimitadas: podrá censurar contenidos, revocar concesiones, regular la publicidad e intervenir telecomunicaciones sin supervisión judicial o técnica, a capricho. Estas facultades, delegadas al Ejecutivo, erosionan la independencia del órgano regulador, rompiendo el entramado de controles esenciales para una democracia robusta.Peor aún, las disposiciones permiten monitoreo digital masivo, geolocalización y bloqueo de plataformas por discreción administrativa. El régimen pone en riesgo derechos fundamentales, al permitir que la crítica legítima se convierta en caldo de cultivo para sanciones. El temor a que el Estado determine qué se puede ver y compartir en línea evoca, indiscutiblemente, a las dictaduras latinoamericanas.La concentración de poder en un organismo sometido al Ejecutivo daña la confianza de los ciudadanos. También impacta en México como actor global: la ley, como tantas otras dispuestas por Morena, contraviene el T-MEC al poner en jaque la independencia regulatoria, con implicaciones económicas y diplomáticas graves. Diversos expertos advierten sobre la caída de 76 mil millones de pesos en inversiones digitales si la sobrerregulación sigue adelante.Frente a este panorama, urge desechar la propuesta y plantear una nueva: una sin odios, sin afán de concentrar el poder, que busque un bien para el país. Sin errores y amenazas como la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo autónomo técnico con capacidad de respuesta independiente, la intervención en telecomunicaciones o redes sin orden judicial, y la creación de una agencia con facultades coercitivas sobre concesiones o contenidos.La historia lo demuestra: el autoritarismo se mantiene con dispositivos legales que disfrazan censura de soberanía. No es contrario al progreso legislar para ampliar el acceso a internet o garantizar competencia en telecomunicaciones. Lo inaceptable es hacerlo con un disfraz que pone en entredicho la libertad de expresión, la privacidad y la confianza pública.Transformar el sector digital requiere objetividad, no discrecionalidad gubernamental. Lo que hoy se propone como una modernización, en realidad acecha exposición, supervisión estatal y censura.Si Morena realmente persigue una reforma equilibrada y democrática, que deje fuera al centralismo, que cambie la mordaza y el grillete por libertad; mientras eso no ocurra, el PRI se opondrá.
