Es una vergüenza lo que ocurrió ayer por la tarde-noche en Guadalajara: el Gobierno del Estado desató un dispositivo represivo mediante el cual se detuvo a decenas de personas de manera ilegal por parte de presuntos policías armados con maderas, bates de beisbol, palos de golf, tubos y maderos grandes con los que se intimidó a todos y se golpeó a varios de los que pretendían asistir a una manifestación pacífica convocada frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle 14 de la Zona Industrial.La manifestación se convocó por dos propósitos: exigir justicia por el asesinato de Giovanni López Ramírez, de 30 años, detenido y asesinado por la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos; y para exigir la liberación de las personas detenidas tras la manifestación y refriega del jueves 4 de junio.La manifestación no pudo llevarse a cabo frente a la sede de la Fiscalía, como inicialmente se había convocado, debido a que desde el Poder Ejecutivo se diseñó un operativo represivo con el propósito de inhibir y prohibir de facto la protesta de este movimiento indignado por los abusos policiacos en Jalisco y otras partes del mundo.El operativo represivo incluyó el emplazamiento de policías estatales y municipales en la calle 14 para impedir el ingreso a la sede de la Fiscalía. Otra parte del operativo fue blindar con vallas de metal Casa Jalisco; reforzar la presencia policial en el Centro de Guadalajara y el componente central fue la conformación de brigadas represivas compuestas de policías vestidos de civil (aparentemente de la Fiscalía del Estado) armados de palos, bates, tubos y otras “armas” que evidentemente no están en el catálogo de armamento autorizado para estas fuerzas policiales. Estos policías iban en camionetas pick up sin leyendas oficiales que las identificaran y algunas de ellas sin placas. En estos escuadrones represivos, a los que desde los altos mandos se les dio carta blanca para actuar, recayó la función principal del operativo represivo: mediante el amedrentamiento impidieron a varios jóvenes que se sumaran a la manifestación, y de manera injustificada detuvieron ilegalmente a decenas de jóvenes (mujeres y hombres) y se los llevaron con paradero desconocido. Distintos activistas fueron recabando los nombres de los detenidos y compartiéndolos en redes sociales. Hasta el momento de la redacción de esta columna (antes de las 21:00 horas) se reportaban al menos 22 personas “levantadas” o detenidas ilegalmente, y a siete personas desaparecidas. Es decir, el día de ayer, en una protesta pacífica, hubo más detenidos que en la protesta-trifulca del pasado jueves. Es muy grave lo que ocurrió (está ocurriendo mientras escribo) porque pareciera que los policías equipados con armas rudimentarias, recibieron la autorización para hacer las detenciones ilegales, amenazar y reprimir a ciudadanos que acudían legalmente a una manifestación. Un amigo me compartió un audio de una chica detenida mucho antes de llegar a la Fiscalía; al subir la golpearon y a una amiga de ella le pusieron la rodilla en el cuello. A los detenidos, sigue el relato, los llevaron a un lugar desconocido, donde los amenazaron, les quitaron mochilas y celulares. De ese lugar de encierro los iban sacando de dos en dos y después los “tiraban” en lugares desconocidos. A varios de los detenidos ilegalmente ayer los dejaron en el Cerro del Cuatro, luego de las amenazas de que no siguieran protestando. El dispositivo represivo desplegado ayer por el gobierno de Enrique Alfaro es casi idéntico al que desplegó Francisco Ramírez Acuña el 28 y 29 de mayo de 2004, quien también dio carta blanca a los policías para detener y golpear. Pero en el contexto actual de una movilización global contra los abusos y arbitrariedades policiacas, el golpe represivo de Alfaro se parece también a la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en lugar de atender las razones de la protesta, atizó el fuego amenazando con sacar al Ejército para contener las movilizaciones.La diferencia es que el gobierno de Alfaro sí autorizó escuadrones de policías con armas rudimentarias reprimiendo y deteniendo ilegalmente a manifestantes.A pesar de la intimidación, el dispositivo represivo no funcionó, pues la protesta se movió hacia el Centro y hasta la noche mantenían la manifestación itinerante. Este episodio marcará al gobierno de Alfaro como represivo y autoritario, violador del derecho y las garantías constitucionales. Una marca muy distinta a la del gobernante que quería pasar a la historia refundando el Estado, y terminó repitiendo prácticas represivas más parecidas al “Halconazo” de Luis Echeverría en 1971.
