Vinculación a proceso, libertad condicionada y una apelación tras otra. El camino a la verdad, a un veredicto justo o a la libertad puede ser tan abrupto en los cánones de justicia como doloroso para las víctimas en el proceso, pero qué sucede cuando transcurre un juicio sin tener equilibrio en ambas caras de la moneda.¿Presunto culpable o presunto inocente? Un docente en estas condiciones ve transformada su realidad tras una acusación de abuso sexual infantil: destitución, dudosa reputación y perder la licencia para ejercer su profesión son algunas de las consecuencias, válidas todas en caso de ser culpable. Pero si hubo errores en la investigación, en el proceso, las pruebas no fueron suficientes o no se le ha dado oportunidad a un imputado de probar su inocencia, la imagen en el espejo puede ser otra.El caso de Miss Sonia N, una maestra auxiliar en una escuela acusada de abuso sexual a un menor de seis años con síndrome de Down (el presunto agravio fue en 2018), detenida en septiembre de este año y posteriormente puesta en libertad en octubre para continuar su proceso fuera de prisión, ha sido mediático en todo sentido. La comunidad académica hizo lo propio brindando su apoyo a la docente y solicitando su liberación con manifestaciones pacíficas y mantas en los principales cruceros de la ciudad tras su detención.Luego de mes y medio, Miss Sonia obtuvo la libertad; la familia del menor no tardó en buscar la manera de responder a la decisión con una apelación y una petición de apoyo al pequeño en Change.org y colocar el caso ante los ojos de cibernautas que con un clic aprueban o desaprueban la iniciativa desde cualquier rincón del planeta y con ello ejercen una justicia bajo presión. Mientras, el proceso sigue su curso, con una profesora que debe apegarse a nuevas condiciones de vida: reactivarse en el campo laboral lejos de las aulas, a las que no podrá volver, y presentarse durante los próximos seis meses a firmar su libertad condicionada.Mientras se llega al momento de acceder a la información del ojo que todo lo vigila, la justicia está en manos de las instituciones, de los profesionales y de las pruebas que cada parte presente en el proceso legal para hacer que la balanza mantenga el equilibrio.Y cabe la reflexión respecto a ello, tras ocho meses lejos de los planteles por las medidas preventivas frente al COVID-19, el hostigamiento, violencia o incluso abuso sexual en centros educativos es una asignatura que merece una revaluación.Habrá que considerar cuáles son las condiciones en las que los alumnos volverán a las aulas, si el confinamiento habrá hecho de esos niños, niñas y adolescentes seres más conscientes de la convivencia, el respeto y la autoafirmación para prevenir la violencia o, por el contrario, serán individuos con mayor intolerancia. puntociego@mail.com
