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Lunes, 24 de Septiembre 2018

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Año nuevo, misma guerra

Por: Rubén Martín

Año nuevo, misma guerra

Año nuevo, misma guerra

La Ley de desaparición forzada entró en vigor el 16 de enero de este año, después de varios años en que las familias organizadas que tienen hijos o miembros ausentes batallaron para exigirle al Estado y los poderes públicos una legislación en la materia. Luego de ser aprobada en octubre pasado por los legisladores federales, la legislación entró en vigor con la esperanza de las familias de que esta norma y sus disposiciones se conviertan en una herramienta efectiva, para encontrar a sus desaparecidos y para hacer justicia.

Las madres que se han destacado en la lucha por la búsqueda de desaparecidos en este país, como Yolanda Morán del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), no son muy optimistas y sin embargo quieren concederle el derecho de la duda al Estado mexicano para cumplir lo que mandata la nueva ley, pero sin embargo, el contexto es adverso.

Por un lado, los cambios en el gabinete de la actual administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto motivados por la designación del candidato presidencial priista, movieron piezas del actual gobierno que tenían al menos un vínculo y cierta agenda de trabajo con el movimiento nacional de desaparecidos.

No es que la relación con el ex titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa Cifrián, fueran óptimas pero al menos ya conocían las demandas de todas las organizaciones de familiares que componen el movimiento nacional de desaparecidos, y tenían relación con los representantes de estas organizaciones.

Ahora las familias y los representantes del MNDM están batallando incluso para que el nuevo titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida siquiera los reciba. Esta semana se instaló un plantón de familias con desaparecidos de los estados de Michoacán y Guerrero, y el titular de Segob ni siquiera se había dignado en atenderlos. Todo indica que Navarrete Prida y su equipo en Gobernación están interesados solamente en atender las campañas y concreto en operar para que gane el candidato de la oligarquía, José Antonio Meade, y no en atender los asuntos esenciales del país, como los desaparecidos.

Pero lo mismo ocurre con los candidatos presidenciales de todos los partidos: ninguno ha planteado las desapariciones como uno de los temas relevantes de su agenda. A pesar de que los desaparecidos (junto con las fosas clandestinas e inhumación e identificación de cuerpos) es una de las aristas más dolorosas y relevantes de la guerra que hay en México, ningún aspirante presidencial se ha referido explícitamente a este asunto. Hablan de enfrentar la violencia y combatir el crimen organizado y la inseguridad, pero ninguno se ha reunido con las familias de desaparecidos, habla de frenarlas y de comprometerse con la comisión nacional e búsqueda.

Así como han aprendido las madres y las familias que no cuentan con el Estado para buscar a sus hijos, ahora ven que las campañas electorales son irrelevantes para ellos pues los candidatos no se interesan por sus familiares. De modo que seguirán tenazmente buscando a sus hijos por su cuenta. Como lo han hecho hasta ahora.

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